Primera toma de contacto y arranque de las comisiones
Las partes fijan un calendario de reuniones hasta fin de año
Tras siete años sin ser convocada la comisión bilateral Generalitat-Estado, el encuentro de ayer no sirvió para cerrar acuerdos materiales, pero sí para romper el hielo, impulsar la negociación en carpetas sectoriales, formar los grupos mixtos de trabajo, con un calendario de reuniones hasta finales del 2018, y constatar divergencias.
Diálogo bilateral y multilateral. El Gobierno central se comprometió a constituir todas las comisiones previstas en el Estatut y las subcomisiones previstas en el reglamento de la comisión bilateral. Avanzó un calendario de reuniones mixtas a lo largo del 2018. Este mes, el Gobierno nombrará las comisiones mixtas, como la de Asuntos Económicos y Financieros. El Ejecutivo socialista pidió al Govern que se incorpore a los grupos de trabajos de Tributos Propios y sobre Financiación. Asimismo, señaló la importancia de reincorporar a la Generalitat en los órganos de negociación multilateral de cooperación y coordinación con el Estado, como por ejemplo el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Carpeta financiera. Una nueva financiación y aliviar la deuda de la Generalitat con el Estado es una de los objetivos del Gobierno central. Ayer se comprometió a analizar la curva de vencimientos y pasar de un endeudamiento estructural a corto y situarlo a largo plazo, como había pedido la Generalitat a Mariano Rajoy. Asimismo, subrayó la importancia de apoyar la nueva senda del déficit autonómico que con los nuevos presupuestos del Estado, con el aumento de las cinco décimas, el Gobierno espera paliar. Acordaron la activación de las comisiones mixtas de transferencias y revisar los traspasos pendientes históricos como las becas.
Referéndum y presos. Una de las cuestiones donde ambas partes conocían sus distancias era en las reclamaciones del Govern contenidas en el epígrafe “Situación política en Catalunya”, el punto 6 en el orden del día. Por un lado, la petición de celebrar un referéndum de independencia y, por otro, la petición de que los dirigentes independentistas en prisión provisional salgan ya en libertad. Sobre el primer punto el Gobierno central recordó que el derecho de autodeterminación no se contempla en la Constitución. Respecto a los presos, señaló que es un caso que escapa de sus competencias como Gobierno y corresponde exclusivamente a la justicia. La delegación socialista expresó su preocupación por la situación del Parlament, recordó que las administraciones actúan bajo el control de las cámaras y pidieron al Govern que sea “neutral” respecto a los símbolos y en el trato a todos los catalanes, sean estos independentistas o no. El Gobierno pidió que se respete la neutralidad de los espacios públicos. El Govern, que expresó su malestar con la posición del Ejecutivo central, pidió constituir un grupo de trabajo para explorar un referéndum, pero el Gobierno negó esta posibilidad y se remitió al respeto del marco constitucional.
Leyes recurridas en el TC. La Generalitat plantea poder recuperar las normativas suspendidas por el Tribunal Constitucional tras el recurso del gobierno de Rajoy, tales como las leyes de pobreza infantil y energética aprobadas por el Parlament la pasada legislatura, a través de dos vías: la retirada por parte del Gobierno de los respectivos recursos o que negocie directamente con el Govern la forma para ajustar las leyes y que puedan presentarse en la Cámara catalana sin riesgo de una nueva impugnación. El Gobierno central se comprometió a “replantearse los recursos ante el TC” a partir de una visión del Estado de las autonomías que “no se base en la sospecha de todo lo que proviene de los territorios”.
Infraestructuras. Compromiso de poner en marcha la comisión bilateral de Infraestructuras y, por parte del Gobierno, “hacer un esfuerzo” para invertir más en Catalunya. No se entró a hablar de obras concretas, pero el Gobierno central sí acepta en este sentido desarrollar la disposición adicional tercera del Estatut.