España tramita una ley para vetar las terapias
El proyecto bebe de leyes autonómicas que ya las prohíben
Las terapias de conversión no están prohibidas en España. No hay ninguna ley estatal que las mencione, tampoco el Código Penal las tipifica como delito (más allá de poder incluirse en el grupo de delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales, que persiguen las personas que fomentan el odio en razón de la orientación sexual, entre otros).
Sin embargo, el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para regular los derechos del colectivo LGTB+ que incluye estas prácticas, entre otros asuntos. Fuentes del partido aseguran a este diario que, si la ley se aprueba, las terapias serán consideradas “infracciones administrativas muy graves” y que “estarán sancionadas con multas de 20.000 a 45.000 euros”.
Este proyecto de ley estatal no surge de la nada. Se inspira en normas autonómicas que se han ido aprobando en los últimos años. La primera nació en Catalunya, en el año 2014, y después surgieron las de la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Andalucía, Aragón y Murcia. Este año, una norma similar se está tramitando en València.
En la mayoría de los casos, las terapias de conversión están catalogadas como infracciones administrativas que se sancionan con multas de miles de euros. Pero en Catalunya no. El texto legal sólo dice que “en ningún caso se pueden promover las terapias aversivas en razón de orientación sexual, identidad y expresión de género” y deja en el aire cualquier tipo de sanción.
Además, en la mayoría de las comunidades autónomas –también en Catalunya– las terapias sólo están prohibidas en el marco de la sanidad pública, olvidando los centros sanitarios privados y las organizaciones religiosas o de otra índole que podrían llevarlas a cabo. Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l’Homofòbia, lamenta este vacío legal porque explica que, precisamente, es en estos últimos entornos, privados y religiosos, donde casi siempre se administran las terapias.
Por eso, la eficacia de estas leyes autonómicas está en duda. Según Rodríguez, de momento, no hay constancia de que se haya impuesto ninguna multa en ningún sitio del territorio. Se intentó perseguir a Elena Lorenzo, una coach de Madrid que ofrecía este tipo de terapias de forma presencial o por Skype. Aun así, el caso quedó archivado porque Lorenzo trasladó el domicilio a Castilla-La Mancha, donde no existe ninguna ley autonómica que prohíba las terapias de conversión, explica Yago Blando, coordinador de la asociación Acrópoli, que sacó el caso a la luz. Hoy, la página web de Elena Lorenzo continúa operativa bajo el lema “Puedes dejar atrás la homosexualidad”.
Tanto Blando como Rodríguez coinciden en considerar que es muy difícil perseguir las terapias de conversión de homosexuales porque a menudo son las mismas víctimas quienes acuden de forma voluntaria para curarse. “Sienten rechazo hacia ellas mismas por culpa de presiones del entorno familiar, social o religioso y creen que se curarán si se someten a ellas”, explica Rodríguez.
Además, los dos activistas aseguran que las pruebas son difíciles de conseguir porque los profesionales utilizan una retórica llena de eufemismos, como mejorar la salud sexual, el bienestar con uno mismo o paliar traumas infantiles o familiares. Estas son también las razones que explican por qué cuesta tanto mencionar ejemplos de centros que actualmente impartan estas terapias en España. “Normalmente no se anuncian a los cuatro vientos porque saben que los pueden perseguir”, dice Rodríguez, que está convencido de que alguien, ahora mismo, está sufriendo estas terapias.
En Catalunya, la ley las rechaza pero no las multa, como sí que prevé el proyecto de ley estatal