El Ministerio del Interior rechaza que los Mossos protejan a Puigdemont
El Ministerio del Interior ha rechazado que la Generalitat pueda dotar al expresident Carles Puigdemont de los servicios de escolta que había requerido, argumentando que no ostenta ya ninguna autoridad del Estado y se encuentra huido de la justicia, por lo que el policía que le escoltara estaría obligado a detenerle.
Pese a que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena retiró la orden europea de detención que había cursado contra Puigdemont cuando fue detenido en Alemania –meses antes había retirado la que cursó en primer lugar a Bélgica–, el magistrado mantiene vigente la orden nacional de detención, por lo que el expresident se expone a ser detenido si elige volver a Catalunya.
Según informaron a Efe fuentes de Interior, la solicitud de escolta para Puigdemont fue formalizada a mediados de julio por el director general de los Mossos después de que el Govern acordó activar los trámites para, de acuerdo con la ley de expresidents, asignar a Puigdemont una oficina con personal, coche oficial y seguridad. Ante la petición de escolta, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska recabó un informe de la Abogacía del Estado.
En ese informe se basa Interior para rechazar la solicitud y expone para ello dos motivos fundamentales: que Puigdemont ya no es una autoridad del Estado desde que fue cesado como president y de que Llarena le haya suspendido como diputado, y que sobre él pesa una orden de busca y captura en España, que obligaría al funcionario policial que le acompañara a detenerle antes que a escoltarle.
Cuando se fue de España a finales de octubre, Puigdemont estuvo acompañado por un mosso d’esquadra, al que, en febrero, el Ministerio de Interior retiró del servicio de escoltas tras abrirle un expediente por utilizar sus vacaciones para prestar ese servicio al expresidente catalán.
El día en que fue detenido en Alemania le acompañaban en el vehículo cuatro personas, dos de ellas mossos, Xabier Goicoechea Fernández y Carlos de Pedro López, quienes, al igual que los otros dos acompañantes, el empresario Josep Maria Matamala y el historiador Josep Lluís Alay, están siendo investigados en la Audiencia Nacional por un delito de encubrimiento.
Al haber rechazado el juez Llarena la entrega de Puigdemont a España desde Alemania para ser juzgado sólo por un posible delito de malversación y no de rebelión, como estableció el Tribunal de Schleswig-Holstein, el expresident quedó en libertad y decidió volver a su residencia belga de Waterloo, donde lleva ya una semana. Puigdemont pasó cuatro meses retenido en Alemania, pero ahora, con la retirada de la euroorden, puede circular libremente por Europa.