La oposición carga contra Colau por el incivismo
Los grupos municipales fuerzan la reunión de la comisión de seguridad Los comunes defienden al cargo que trivializó la agresión a un turista
Todos los partidos de la oposición, salvo la CUP, exigieron ayer que la alcaldesa Ada Colau regrese a Barcelona y dé la cara por la crisis de incivismo e inseguridad que se vive en la ciudad en un verano en el que los vecinos de la Barceloneta han iniciado, por sus propios medios, una campaña de buenas prácticas dirigida a los turistas y los pubs del paseo del Born han contratado a vigilantes para espantar a lateros y carteristas. Además, el tuit de Albert Arias, el director del plan estratégico de turismo del Ayuntamiento, en el que mandaba “a la mierda” a los críticos de las políticas de Colau, ha acabado con la poca paciencia que quedaba a restauradores y comerciantes.
Un agosto caluroso y políticamente caliente en el que los comunes están demostrando una vez más su capacidad para generar frentes comunes... contra ellos.
En este contexto, los grupos municipales del PDECat, Ciudadanos, ERC y PSC forzaron ayer algo insólito, la celebración en el mes de agosto de una comisión extraordinaria del área de presidencia que engloba las cuestiones de seguridad y a la que quieren que asista Colau.
La sesión, que también cuenta con el apoyo del PP, se celebrará el miércoles por la mañana y tiene como objetivo condenar el dete- rioro de la ciudad “que se ha traducido en episodios claros de incivismo y de inseguridad con respecto a las personas”, pero también constatar la incompetencia del gobierno municipal de Ada Colau y exigir la “dimisión expresa” de la alcaldesa como concejal responsable de la seguridad en la ciudad de Barcelona. Los cinco partidos quieren que se nombre a una nueva persona que cumpla esa función con una dedicación exclusiva. Insisten: el Ayuntamiento tiene la obligación de aplicar sus propias ordenanzas. La inacción está conduciendo al desastre.
“Hay medidas concretas que se pueden aplicar, como el plan de choque para el Raval. Pero (los comunes) se han de implicar de verdad”, manifestó ayer la concejal del PDECat Francina Vila. “La situación está absolutamente descontrolada y el incivismo campa a sus anchas por la ciudad”, denunció el concejal de Ciudadanos, Santiago Alonso. “Instamos a Ada Colau a que dimita como máximo responsable de seguridad porque ya ha abandonado esta responsabilidad. Que se nombre a una persona de reconocido prestigio para que redirija la situación”, reclamó el líder de ERC, Alfred Bosch.
El PP no forma parte de la petición conjunta que se presentó ayer; sin embargo, la apoya. De hecho, los populares ya defendieron el domingo una convocatoria de una comisión de seguridad extraordinaria, por el deterioro “constante de la seguridad”, y también para que la alcaldesa delegue sus funciones. Eso sí, el presidente del grupo popular en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, lamentó que en la propuesta del resto de la oposición no aparezca ni una referencia al conseller de Interior “desaparecido”, Miquel Buch, ni a los Mossos d’Esquadra ni tampoco un apoyo expreso a la Guardia Urbana. “La seguridad en Barcelona es cosa de dos”, dijo Fernández en referencia a Ada Colau, pero también al president Quim Torra.
La vuelta de tuerca al gobierno de Colau se produce con la alcaldesa y su primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, desaparecidos de la escena política. A pesar de su tendencia a opinar en las redes sociales sobre todo tipo de
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cuestiones, aún, al menos hasta el cierre de esta edición, no habían colgado ni un tuit sobre estas cuestiones. De nuevo ayer, la encargada de dar la cara fue la segunda teniente de alcalde, Laia Ortiz, que desde la semana pasada ejerce como alcaldesa accidental.
La responsable del área de Derechos Sociales eludió responsabilidades y apeló a la responsabilidad de la oposición. Pidió no encender alarmas. “Si queremos encontrar soluciones reales, y no simplemente alimentar polémicas, si queremos realmente ayudar a la ciudad de Barcelona ante una situación compleja, creo que todos tenemos que poner de nuestra parte, también evitando discursos alarmistas”, manifestó Ortiz.
Esta última crisis también ha agrandado la brecha que separa al gobierno de Colau y a los pequeños y medianos empresarios del comercio y la restauración de Barcelona. Todos ellos se sienten muy agraviados. Comerciantes y restauradores entienden que la degeneración del espacio público no hace otra cosa que ir a peor, que el Ayuntamiento está mostrando más determinación a la hora de reducir el número de terrazas que a la de garantizar el civismo.
“Están permitiendo de una manera deliberada que el incivismo y la impunidad se instalen en las calles de Barcelona –dice airado Gabriel Jené, presidente de Barcelona Oberta, entidad que agrupa los principales ejes comerciales de la ciudad–. Prefieren mirar para otro lado. Y a nosotros nos tratan como si fuéramos el enemigo. Según ellos, a nosotros sólo nos interesa hacernos ricos a costa de la gente”.
Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració, agrega que “la dejadez de funciones del gobierno de Colau es escandalosa. Barcelona se está convirtiendo en la capital mundial del top manta, mientras que el Ayuntamiento se dedica a perseguir actividades económicas legales. El polémico intento de retirar el histórico ninot de la horchatería de El Tío Che simboliza esta situación. Los comunes llevan tres años de vacaciones, al menos en lo que se refiere al control del espacio público”.