La juez cree que el máster de Casado fue “un regalo”

La instructora envía el caso al Supremo al ver delitos de prevaricación y cohecho

La juez de Madrid que instruye el caso por el máster de Pablo Casado en la URJC ha decidido remitir la investigación al Tribunal Supremo. Según la magistrada, hay indicios de delitos de prevaricación y cohecho y de que el curso fue “un regalo”. El líder del PP se defiende y asegura que no dimitirá.

El Tribunal Supremo deberá resolver si imputa al flamante presidente del PP, Pablo Casado, por prevaricación y cohecho en el caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga el posgrado de Cristina Cifuentes, ha elevado el caso de Casado al Supremo al estar el líder de los populares aforado y no poder por tanto continuar la instrucción sin menoscabo de sus derechos. Es decir, considera que hay pruebas suficientes para una imputación, y debe resolver el Supremo.

La juez aprecia indicios de que el máster de Casado, como el de otros alumnos vinculados a la política, y en concreto al PP, es “una prebenda” del director del curso, el catedrático y principal imputado del caso, Enrique Álvarez Conde, sin que acreditara merecerlo. El objetivo, según adelantó ayer Eldiario.es citando el escrito de la juez, era que “obtuvieran el título del máster sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno, regalándoselo, a modo de prebenda o dádiva (...) Sólo se benefició a alumnos con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional con él, de modo que el resto del alumnado del máster de esa edición sí lo cursó con normalidad”.

Aunque ante los medios, como en ocasiones anteriores en las que Casado ha respondido en público sobre sus estudios, el presidente del PP se esforzó por mostrarse tranquilo y convencido de que llegando la causa al Supremo se acabará su situación actual “de indefensión”, lo cierto es que los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio que la juez le atribuye prevén una inhabilitación para cargo público de entre tres años y medio y siete años.

Rodríguez-Medel cree que puede haber “responsabilidad penal del aforado”, toda vez que, en la obtención del título, Casado es “cooperador necesario” de las irregulares prácticas del Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde en la URJC. Casado, de cualquier modo, se congratulaba ayer de que la juez admita que la convalidación de 18 asignaturas es legítima, aunque la instructora cree que las calificaciones de las cuatro asignaturas no convalidadas y supuestamente cursadas es arbitraria. Casado repitió ayer su mantra: “Hice lo que se me pidió”. Pero la juez subraya que calificar

una asignatura sin mérito académico no sólo es responsabilidad del profesorado sino también del alumno beneficiado, en virtud, asegura Rodríguez-Medel, de la propia doctrina del Tribunal Supremo: puede ser “cooperación necesaria, toda vez que el alumno se matriculó, pagó las tasas, aportó su expediente para las convalidaciones, solicitó el reconocimiento de los créditos y aceptó el título, que usó en su currículum”. Esto es una participación “activa, previa y necesaria”,

escribe la juez en el escrito remitido al Tribunal Supremo.

Casado no lo ve así: recuerda que el título “no es habilitante” y que se trataba de un mero máster acreditativo para posteriormente realizar un doctorado. Como quiera que finalmente no se doctoró y no llegó a realizar una tesis sobre el particular (el derecho autonómico) porque dejó la Asamblea de Madrid, el presidente del PP no ve cuál es el beneficio para él de una supuesta conducta impropia, en caso de que

hubiera alguna irregularidad en la titulación obtenida.

En cuanto al cohecho, la instructora señala que este delito concurre toda vez que Pablo Casado era diputado regional en la Asamblea en el momento de los hechos. Admite que no es habitual que el delito de cohecho tengo por objeto una titulación, dado que lo común es que esté vinculado a bienes materiales, pero considera que hay una prevalencia de cargo público para la obtención de un bien espurio, en este caso, un título. La juez cree que no han prescrito los hechos, dado que, en caso de concurrir más de una conducta indiciariamente penal, el plazo que pesa es el del delito más grave, en este caso, prevaricación, por lo que la posible responsabilidad penal no ha decaído.

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ningún acto ilícito. Será la fiscalía del Supremo la que informe sobre la responsabilidad, si existe, y la posibilidad de remitir un suplicatorio al Congreso para que en su caso retire el aforamiento a Pablo Casado. Dados los precedentes –como el caso de la imputación de aforados en los ERE andaluces, que también se produjo en verano–, no parece probable un pronunciamiento rápido. En cuanto al PP, no se ha aclarado si el Comité de Garantías abrirá expediente, como dicen los estatutos, en tanto no se confirme la imputación efectiva.

El resto de las fuerzas políticas han sido críticas pero cautas con el caso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a Casado que dé explicaciones, pero no ha ido más allá. Sofía Castañón, diputada de Podemos, ironiza con el hecho de que “para dirigir el PP parece que hay que estar imputado” y pide a Casado que dimita, a la vez que expresa su convencimiento de que no lo hará. José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, por su parte, y sin entrar en el fondo del asunto, subrayó que esta situación pone de relieve la necesidad de eliminar los aforamientos, toda vez que, a estas alturas, visto el escrito de la juez, si Pablo Casado no fuera diputado, “ya estaría imputado”.