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El próximo debate municipal sobre los problemas de convivencia y civismo en Barcelona, y las dificultades de Pablo Casado para acreditar su máster de la Rey Juan Carlos.
EL presidente del PP, Pablo Casado, deberá acreditar ante el Tribunal Supremo (TS) que el máster logrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se basó en unos trabajos realizados el curso 2008-2009, cuando era diputado popular en la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones. Esa es la conclusión de un auto de la magistrada del juzgado de instrucción 51, que ha elevado el asunto al TS por la condición de aforado del implicado, al apreciar “indicios de responsabilidad penal”.
Con una redacción judicial sorprendentemente dura, el auto sospecha que el máster fue “un regalo o prebenda” que se otorgaba a estudiantes “con una posición relevante en el ámbito político, institucional”. Los testimonios de las tres compañeras implicadas en el caso –todas relacionadas con el PP– son concluyentes en este sentido. La juez firmante no da credibilidad a las explicaciones de Casado y afirma que sería fácil demostrar su veracidad sólo con aportar a la justicia el ordenador en el que, dijo, realizó los trabajos exhibidos en una rueda de prensa el mes de abril, para demostrar que se realizaron cuando el líder popular dijo. La juez concluye apuntando a delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio.
Pablo Casado, que siempre ha dado la cara en este asunto, insistió ayer en que hizo lo que le mandaron en la universidad, se considera inocente y reitera que no dimitirá por un asunto que, además, considera “políticamente menor”. Ahí se equivoca el presidente popular. El asunto de los másters de la URJC no es menor, como quedó claro en el caso Cifuentes, similar al de Casado. Para muchos estudiantes que cumplieron con sus obligaciones de asistir a clase y presentar sus trabajos, a los que nadie les ofreció convalidar asignaturas a pesar de ser licenciados como Casado y que lograron el título en buena lid, la sombra que proyecta el auto de la juez (“regalo o prebenda”), de ser cierto, es realmente impresentable.
Casado tiene la obligación de ser transparente siempre, y especialmente ahora, en esta cuestión. No se trata de dudar de la buena fe ni de la inocencia del flamante presidente popular, sino de que aclare las dudas razonadas que la juez ha elevado al Supremo. No sólo en beneficio de su credibilidad personal y política, sino también para el crédito de la Universidad Rey Juan Carlos –ahora puesto seriamente en duda– y de toda la universidad española, que hoy se ve zarandeada por unas prácticas fraudulentas impropias de una institución que debe velar por una gestión intachable de su proceder académico.