El autoritarismo no da la tranquilidad

Hace un año el régimen venezolano instauró la Asamblea Constituyente, elegida en unas elecciones con una amplia abstención –sólo votó el 41% del censo– e imposibles de verificar. Esta Asamblea es un órgano a medida del presidente Maduro, que legisla sin oposición y con creciente autoritarismo. Las fuerzas opositoras están relegadas en la Asamblea Nacional, el Parlamento de siempre, hoy despojado de poder real. El poder estuvo durante buena parte del 2017 en la calle, con manifestaciones pacíficas que las fuerzas a las órdenes de Maduro reprimieron con mano dura. Hubo al menos 165 muertos. La represión y la puesta en marcha de la Constituyente acabaron con las protestas.

Ha pasado un año y la situación es hoy mucho peor: carestía de alimentos y medicinas, colapso de los hospitales y otros servicios públicos y una inflación que, según el FMI, llegará al millón por ciento en diciembre.

Maduro insiste en que la recuperación económica está a la vuelta de la esquina, pero no es cierto. El petróleo es su única esperanza, y para ello necesita producir un millón de barriles más al día, tarea imposible. PDVSA, la empresa pública de petróleo, cada día produce menos. Hace 30 años que no sacaba tan poco petróleo. Al engranaje industrial le falta mantenimiento, y los empleados abandonan sus puestos de trabajo porque el sueldo no les compensa. A nadie le compensa el sueldo en Venezuela. El éxodo de emigrantes, principalmente a Colombia y Brasil, supera el millón de personas.

Si el régimen se mantiene en pie es gracias al apoyo del ejército. Maduro sabe compensarlo. Ha puesto PDVSA en manos de un general de la Guardia Nacional sin ninguna experiencia.

Fracasada la movilización popular y decidido el presidente a resistir la presión internacional, sólo un golpe podría acabar con él. Lo más cercano a un golpe ha sido la rebelión de Óscar Pérez, un oficial del CICPC, cuerpo policial similar al FBI estadounidense. En junio del año pasado llamó a la resistencia armada contra Maduro. En enero, acorralado en una casa a las afueras de Caracas, intentó rendirse varias veces, pero la petición fue desoída. Su muerte fue una ejecución extrajudicial. Ahora, el régimen dice que otros rebeldes, afines a Pérez, cometieron el atentado del domingo, el más grave contra Maduro.

Es imposible creer la información oficial, pero una cosa está muy clara: el presidente ya no puede andar tranquilo entre los cuerpos de seguridad.