Bruselas rechaza compensar a los afectados por el Banco Popular
La JUR dice que el Fondo de Garantía habría perdido 2.200 millones sin la decisión adoptada
La Junta Única de Resolución (JUR) creada por la Unión Bancaria Europea informó ayer desde Bruselas que ha decidido “de forma preliminar que no se requiere conceder compensación a los accionistas y acreedores afectados” por la resolución del Banco Popular y su posterior venta por un euro al Santander. De esta manera, el organismo europeo cierra por ahora la puerta a que los que perdieron su inversión en acciones o deuda del banco puedan ser resarcidos. La decisión se basa en un informe de la auditora Deloitte que sostiene que el procedimiento seguido fue el menos perjudicial para los clientes puesto que si se hubiera seguido un proceso de insolvencia, las pérdidas hubieran sido mayores.
Por ejemplo, en una liquidación de la entidad, aquellos clientes con depósitos superiores a los 100.000 euros hubieran podido llegar a perder hasta 14.000 millones de euros. Con la solución finalmente adoptada esos clientes no perdieron nada. En junio del año pasado, el JUR optó por la resolución del Popular y la posterior venta al Santander por 1 euro. Con ese mecanismo, los accionistas y acreedores de deuda subordinada vieron como se esfumaban sus inversiones. En todos los escenarios de liquidación analizados en el informe se habrían perdido igualmente los 9.400 millones en capital y los 2.000 millones en deuda subordinada, igual que ocurrió en la resolución, así como otros 8.600 millones en instrumentos subordinados (deuda intragrupo). Lo que varía en cada caso son las pérdidas que hubieran tenido que costear el resto de los clientes.
La asociación de usuarios de banca Adicae considera que con su decisión “la JUR desprecia a 300.000 ahorradores-inversores españoles y contradice toda la política de consumo de la Unión Europea”. La presidenta de otras de las asociaciones de usuarios de banca, Asufin, Patricia Suárez, consideró ayer que “como era de esperar, a los afectados del Popular sólo les quedará los tribunales para recuperar su dinero”.
Según el informe hecho público ayer, el coste de la resolución del Banco Popular fue de 11.400 millones de euros que asumieron los accionistas y acreedores. Si se hubiera adoptado otro mecanismo como la liquidación del banco, las pérdidas hubieran oscilado entre los 23.400 millones y los 34.100 dependiendo de si el proceso se alargaba 18 meses o siete años y teniendo en cuenta varios escenarios. Atendiendo pues a esas otras opciones, las pérdidas hubieran sido entre 13.300 y 22.700 millones superiores a las que se produjeron.
La JUR, que preside Elke König, abre ahora un periodo de más de un mes para que los accionistas y acreedores presenten las alegaciones que consideren oportunas. Los accionistas y acreedores que hayan probado que sufrieron pérdidas en la resolución tendrán el derecho a expresar por escrito sus comentarios. La institución garantiza que “todos los comentarios que se aporten en esta segunda fase serán debidamente analizados y tenidos en cuenta para preparar la decisión final de la JUR sobre si se concederá o no una compensación”. La decisión adoptada por la JUR en junio del año pasado fue la primera de estas características del organismo europeo. El objetivo de la JUR es evitar que sean los contribuyentes los que acaben pagando el rescate o la resolución de entidades en crisis como sucedió en España, por ejemplo, con Bankia o con Catalunya Caixa.
En el comunicado de la JUR se detalla que “los accionistas y acreedores afectados no habrían recibido mejor trato si la entidad se hubiera sometido a un procedimiento de insolvencia ordinario, en comparación con el trato recibido en la resolución”.
En un proceso de insolvencia ordinaria, el informe de Deloitte constata que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) también habría sufrido pérdidas adicionales de entre 1.800 y 2.200 millones para hacer frente al pago de los depósitos de los clientes fijado en un máximo de 100.000 euros por persona.
El informe de Deloitte basa sus cálculos en que cuando se lleva a cabo un proceso de insolvencia la actividad cesa de forma abrupta, se produce una pérdida de clientela y aparecen costes como los derivados de despidos y resolución de contratos varios. Además Deloitte avisa que una situación de esas características no es la más óptima para obtener un buen precio por los activos que vender. En el informe se destaca que la citada apertura de un procedimiento de insolvencia ordinaria en junio del 2017 “habría resultado en una liquidación no planificada” que “hubiera destruido valor ‘per se’”.
El grupo de fondos afectados Pimco, Anchorage Capital y Algebris dijo a través de sus abogados que están “decepcionados pero no sorprendidos” por unas conclusiones que consideran “irrealistas”, informa Efe.
Los clientes con grandes depósitos hubieran perdido 14.000 millones sin la resolución
Las asociaciones de afectados rechazan las conclusiones de la Junta Única de Resolución