El Ejecutivo negociará más impuestos a las grandes corporaciones
Podemos exige aumentar el IRPF para ingresos superiores a los 60.000 euros
Podemos condiciona su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez a una serie de subidas de impuestos. El Ejecutivo admite algunas, pero no quiere tocar el IRPF.
El Gobierno cree que hay margen para mejorar los ingresos del Estado aplicando una mayor presión fiscal y mejoras en la inspección de la agencia tributaria con las grandes corporaciones y sin afectar a las clases medias y trabajadoras. Es la respuesta que se apresuró a lanzar ayer el ejecutivo ante el documento remitido por Podemos al Gobierno en el que invita a Pedro Sánchez a negociar la senda de déficit como paso previo a una negociación presupuestaria exitosa para el 2019.
El argumento del Gobierno a la oferta de Podemos es que hay capacidad de reconducir la política presupuestaria del PP y rectificar la dureza de los recortes sin enfrentarse a Bruselas respecto al techo de gasto. Lo que por sí mismo ya barrunta un arranque de curso dificultoso en el entendimiento entre ambas formaciones, toda vez la reiterada lealtad a Bruselas con la que el Gobierno ha respondido a la propuesta de los morados y la negativa de estos a asumir las tesis liberales de adelgazamiento del Estado.
La hipótesis principal del exhaustivo documento elaborado por Podemos como base de la negociación es que sin modificar los umbrales de déficit permitidos por Bruselas no hay margen para corregir el rumbo de la política económica. Podemos, en todo caso, no ha puesto un horizonte insalvable para el ejecutivo: solo le pide que el techo de gasto no esté en el 1,8% previsto, sino por encima. Pero no propone líneas rojas. Podemos explica que el 0,5% de margen que Bruselas ha concedido a España en realidad no es tal pues, aunque es cierto que el objetivo marcado por Mariano Rajoy para los siguientes presupuestos era del 1,3%, partiendo del 2,2% del presupuesto anterior, el déficit real del ejercicio no fue ese 2,2% sino un 2,7%, cinco décimas más, de modo que Bruselas apenas ha hecho un ejercicio de realismo asumiendo que hay cinco décimas de desviación sobre la previsión y aplicándolos a las futuras cuentas. “El 1,8% pactado por el Gobierno actual con Bruselas supone un ajuste de un 0,4% del PIB sobre inversión presupuestada (o un 0,9% sobre inversión real), es decir, el nuevo Gobierno ha traído de Bruselas un ajuste de unos 5.000 millones de euros (o unos 11.250 millones) por la vía de la reducción del déficit”, sostiene la formación liderada por Pablo Iglesias, que recuerda que las políticas contractivas de Bruselas han impedido a los
Podemos invita al PSOE a renegociar el techo de gasto como base para pactar los presupuestos del 2019
estados europeos practicar políticas económicas anticíclicas, como hizo Estados Unidos para salir antes de la crisis.
Fuentes de Moncloa repiten que el objetivo de Sánchez es ajustarse a “sus compromisos con Europa y con los ciudadanos”, y por eso sostienen que “el gobierno cumple con Europa con una senda de estabilidad que permite reconstruir ese estado de bienestar destruido por la derecha y acortar las enormes desigualdades sociales que aquellos recortes provocaron”.
El documento de Podemos incluye toda una larga serie de derogaciones de reales decretos de sostenibilidad impuestos por Mariano Rajoy en el 2012, nada más llegar a la Moncloa, empezando por la ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), de febrero del 2012, como desarrollo de la controvertida reforma exprés del artículo 135 de la Constitución. “Esta ley incluye artículos como el 14, que recoge que el pago de la deuda pública tendrá prioridad absoluta sobre cualquier otra inversión, u otros como el 25 y el 26, que reúnen medidas coercitivas que se aplican contra las administraciones que se atrevan a cuestionar las imposiciones austericidas de Bruselas; o la anomalía de que el Senado tenga la última palabra respecto de la senda del déficit”, explica Podemos. A su entender, “todo ello debe ser eliminado de nuestra legislación para garantizar que la soberanía de nuestro país permanece en manos de sus ciudadanas y ciudadanos, y no en las de agentes externos con intereses propios”. Y acaba como pensando en voz alta: “El PSOE no apoyó en su momento la LOEPSF, así que debería quedar un lugar para el acuerdo en este punto”.