Italia ante la tragedia de Génova
EL fiscal general de Génova, Francesco Cozzi, parece que tiene razón cuando afirma que el espectacular derrumbe el pasado martes del puente Moran dino ha sido una fatalidad, ya que se podía haber evitado. Todo indica que la tragedia, que se ha cobrado ya 39 muertos y ha provocado más de dieciséis heridos, al precipitarse al vacío numerosos vehículos, responde a un cúmulo de errores que se arrastran desde su construcción en los años sesenta del siglo pasado.
La tarea, ahora, aparte de atender a los heridos y las familias de las víctimas, está en determinar cuáles son las causas de lo sucedido, exigir responsabilidades y tomar medidas para que no vuelva a suceder algo similar. Lo paradójico, y dramático al mismo tiempo, es que han sido varios los puentes de la red viaria, en concreto nueve, que se han derrumbado en los últimos cinco años en Italia, algo que puede denotar graves defectos en el diseño y en la calidad de los materiales empleados para su construcción, así como un deficiente sistema de mantenimiento.
De entrada hay que decir que no son de recibo las declaraciones del ultraderechista ministro del Interior y líder de la Liga, Matteo Salvini, en las que culpa de la catástrofe a los recortes de gasto público que se han tenido que hacer en el país como consecuencia de la política de austeridad impuesta por la UE. Lo que debe hacer Italia, en lugar de emplear demagogia antieuropea, es mirarse en el espejo, revisar sus sistemas administrativos de control y poner coto a la corrupción imperante en su sector público. Con urgencia habría que poner en marcha planes de emergencia para revisar el conjunto de la red viaria, ya que los ingenieros advierten que muchos otros puentes del país tienen riesgo de derrumbarse, dado que fueron construidos con materiales pobres y han superado su vida útil.
El nuevo Gobierno populista italiano, sin esperar al resultado de las investigaciones, ha culpado del desplome del puente Morandi a la sociedad concesionaria de la autopista, Autostrade per l’Italia, filial del Grupo Atlantia, controlado a su vez por la familia Benetton, por no haber hecho las adecuadas tareas de mantenimiento. El Gobierno no sólo exige la dimisión de sus directivos sino que también amenaza con revocar todas las concesiones que tiene dicho grupo empresarial, muy importante en Italia, ya que gestiona la mitad de los 6.000 kilómetros de autopistas que hay en aquel país. Asimismo, el Gobierno ha aprovechado para criticar la gestión privada de las infraestructuras públicas por considerar que el Estado lo haría mejor. Ante ello, de nuevo hay que decir que la demagogia ante lo sucedido no es la mejor respuesta posible y que hay que esperar al resultado de las investigaciones para sacar conclusiones.
Frente a los duros ataques del Gobierno, la empresa concesionaria afirma que realizaba una supervisión trimestral del puente Morandi, por los riesgos derivados de ser una infraestructura envejecida, de acuerdo con las normas legales, con instrumentos de alta tecnología y con inversiones de mantenimiento aprobadas por el Ministerio de Infraestructuras y Transporte.
El derrumbe que se ha producido, sin embargo, demuestra que muy probablemente no se hizo lo suficiente o no se hizo del todo bien. Hay avisos de ingenieros que habían advertido desde hace años del riesgo existente. No sólo ha sido una tragedia sino también una seria señal de alarma sobre el estado de la red viaria italiana, especialmente de sus puentes y viaductos. Ello exige su urgente revisión, reparación o sustitución, lo que comporta un importante desembolso de inversión pública.