Caza de altanería
Juan-José López Burniol escribe sobre la democracia: “Los independentistas catalanes ven en la caída de la monarquía un decisivo factor de desestabilización de un Estado al que rechazan por ser el sistema jurídico de una nación a la que niegan: la nación española. Y una parte de nuestros populistas, transidos de superioridad moral y sintiéndose émulos de Adán, aspiran también a la destrucción de este Estado”.
Escribió López Rodó en su detallado libro La larga marcha hacia la monarquía que la restauración monárquica en la persona de don Juan Carlos –hijo de don Juan, depositario de la legitimidad dinástica– ha sido la más prolongada en el tiempo y la más compleja. Contribuyeron a ello los largos años transcurridos desde el derrocamiento de don Alfonso XIII, la ausencia en España de un amplio sentimiento monárquico, la oposición latente de ciertos sectores del régimen franquista y el temperamento dilatorio del general Franco. Hasta que, en 1969, el entonces príncipe de España fue designado por Franco como su sucesor a título de rey. Y, en 1975, Juan Carlos I subió al trono. Se iniciaba la transición.
Siempre he pensado que quienes diseñaron esta restauración la concibieron para alumbrar una monarquía tutelada que diese forma a una democracia limitada, pero que la desaparición del almirante Carrero dio un golpe irreparable a esta previsión. Y llegó entonces el que es –a mi juicio– el gran momento de la trayectoria de Juan Carlos de Borbón. Partiendo de la convicción de que su interés personal –su consolidación como rey–, el interés de su familia –la dinastía– y el interés del país pasaban por la implantación de una democracia plenamente homologable en Occidente, impulsó un cambio democrático pleno, es decir, lo que algunos han llamado “una ruptura presentada como una reforma”. Un versátil Fernández Miranda diseñó el esquema (“de la ley a la ley”), un valiente y hábil Suárez lo desarrolló y aplicó, y un pueblo español –marcado aún por la memoria lacerante de una guerra vesánica– dio su respaldo a este cambio sustancial. La legalización del Partido Comunista fue la prueba evidente de que el cambio era real y sin ambages. Y el éxito coronó –nunca mejor dicho– el empeño. Es cierto que luego hubo graves dificultades como el 23 de febrero, a cuya superación contribuyó el Rey hablando al país cuando ya el tiempo se agotaba. Pero el mérito de esta acción no supera el de su impulso inicial a la transición.
Vinieron luego largos años que han sido, en términos generales, muy positivos para España, que se ha consolidado como una democracia indiscutible y se ha desarrollado de manera notoria. Es cierto, también, que durante estos años el prestigio de la monarquía se ha erosionado por la conducta personal de don Juan Carlos, que al fin se vio obligado a reconocer que se había equivocado, sin que ello impidiera su posterior abdicación. No entro en estos hechos: las responsabilidades políticas que de ellos pudieron derivarse están plenamente saldadas con la abdicación; lo que no me exime de reconocer además que el balance final del reinado de don Juan Carlos es más merecedor de elogio que de crítica. Pero ello no es óbice tampoco para contemplar con preocupación en qué situación se halla hoy la monarquía española.
No ha caído de nuevo, pero sí ha tenido un tropiezo que ha empañado su imagen. Lo que sucede en un momento en que el Estado se halla sometido a una doble amenaza que pone en riesgo su continuidad (en su actual conformación constitucional), y que se manifiesta en el ataque frontal a la monarquía, por considerarla una institución clave dada la estabilidad que aporta.
Esta doble amenaza se concreta en la acción deliberada y persistente de dos fuerzas políticas que quieren la destrucción del actual Estado español, es decir, del “Régimen del 78”. Así, los independentistas catalanes ven en la caída de la monarquía un decisivo factor de desestabilización de un Estado al que rechazan por ser el sistema jurídico de una nación a la que niegan: la nación española. Y una parte de nuestros populistas, transidos de superioridad moral y sintiéndose émulos de Adán, aspiran también a la destrucción de este Estado para, partiendo de cero, hacer realidad en la Tierra la gloria de los justos, es decir, el paraíso.
Esta es la situación en que nos hallamos, y la pregunta resulta inevitable: ¿qué hacer? No es tiempo de entrar en disquisiciones teóricas sobre la institución monárquica, de difícil defensa en términos de estricta lógica formal democrática. Pero esta lógica formal no agota la realidad: existen también razones de conveniencia y utilidad derivadas de la historia y de las circunstancias del caso concreto.
A esta valoración conjunta de la realidad responde una regla que aprendí hace años: las instituciones solamente se justifican porque sean útiles para la finalidad a la que se destinan (las responsabilidades son siempre personales). Y desde esta perspetiva considero, sin dudarlo, que para preservar hoy la estabilidad de España debe respaldarse sin reservas la monarquía, encarnada en este trance por el rey Felipe VI, quien, por otra parte, ha dado buenas pruebas de prudencia, firmeza y entrega. Por consiguiente, lejos de cualquier efusión sentimental y de todo respeto reverencial por la tradición, entiendo que, si se quiere defender el Estado como articulación jurídica del actual marco de convivencia, debe comenzarse por sostener que la monarquía es hoy una institución necesaria.
Para preservar hoy la estabilidad de España debe respaldarse sin reservas la monarquía