Manual del horror
La Iglesia de Pensilvania desarrolló un sistema pautado para encubrir y silenciar los abusos sexuales a menores
Los abusos sexuales, las violaciones, las torturas no fue lo peor a lo que se enfrentaron muchas de las personas que han contado sus historias al gran jurado del Tribunal Superior de Justicia de Pensilvania. Lo más duro, les han confesado algunos, fue la inacción y el silencio con que reaccionó la Iglesia católica de este estado, el primero de EE.UU. que ha investigado a fondo el problema de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes. El informe identifica a más de 300 “curas depredadores” y un millar de víctimas en el espacio de siete décadas pero advierte que debe haber miles de casos más que aún no han salido a la luz (ver La Vanguardia del pasado miércoles).
El ocultamiento era sistemático. “Aunque cada diócesis tenía su propia idiosincrasia, la pauta era casi la misma”, basada en siete puntos comunes para silenciar los abusos, según los investigadores el FBI. El jurado habla de “manual” para “encubrir la verdad”.
La primera pauta clave es “usar eufemismos mejor que palabras reales” para describir los abusos en los documentos de las parroquias, que han servido para contrastar las acusaciones de las víctimas. En vez de violación, mejor poner “contactos inapropiados” o “problemas de relación”. Un cura de la diócesis de Erie confesó al obispo que había violado anal y oralmente a quince niños. Este le agradeció su “honestidad y sinceridad” y le felicitó por “los progresos” en controlar su “adicción”.
Segunda reacción: en caso de quejas, “no hacer auténticas investigaciones”, no asignar personal preparado para preguntar sobre los abusos. Casi siempre, las pesquisas quedaban en agua de borrajas. Tercer punto: para dar impresión de integridad, enviar a los curas a centros psiquiátricos gestionados por la Iglesia para “evaluar” su posible pedofilia en base a sus propias declaraciones, al margen de si ha tenido contacto sexual o no con algún niño. Incluso en un caso de décadas de abusos que llegó a los tribunales, en la diócesis de Scranton, el obispo movió sus hilos para intentar sustituir la cárcel por una estancia en un centro de tratamiento.
Cuarto, si hay que deshacerse de un sacerdote, explicar que está de baja por enfermedad o sufre “agotamiento nervioso”. O, directamente, “no decir nada de nada”: era su forma de proteger a su comunidad y evitar que perdiera la fe en Dios, como podía pasar si se enteraban de lo ocurrido. Quinto, no dejar de ofrecer techo y sueldo a los curas aunque estén abusando de niños y “puedan usar esos recursos para más ataques”. Los depredadores compartían entre sí información sobre sus víctimas, a las que solían llevarse de viaje. Uno ha contado que regalaban crucifijos de oro a sus favoritos. Era la forma de identificarlos como “objetivos óptimos”.
Sexto, si la conducta del depredador sale a la luz, enviar el cura a otra comunidad en la que nadie sepa nada, en lugar de “apartarlo del sacerdocio para evitar que haya más víctimas”. Fue el destino de un cura de la diócesis de Greensburg que violó y dejó embarazada a una chica de 17 años; una parroquia “benévola” de otro estado le acogió. Último punto: ante todo, no avisar a la policía. Aunque “abusar sexualmente de un niño, incluso sin penetración, siempre ha sido un delito”, recuerda el jurado, los casos hay que tratarlos “en casa”, como “algo interno”. El fiscal general del estado se ha quejado de la falta de colaboración de las diócesis y los intentos de encubrir la noticia misma del encubrimiento.
Los casos investigados en Pensilvania se remontan hasta el año 2000. El Tribunal afirma que “mucho ha cambiado en los últimos quince años” pero los abusos a menores en la Iglesia “aún no han desaparecido” y sus líderes “han eludido la responsabilidad pública”. Uno de los casos que intentan llevar a los tribunales afecta a un cura que eyaculó en la boca de un niño de siete años. Otro se refiere a abusos cometidos hasta el 2010 a dos chicos durante años.
El jurado, que ha escuchado testimonios de víctimas de hasta 83 años, aconseja acabar con el límite actual de 50 años para denunciar los abusos. Durante los dos años que ha durado la investigación han aprendido que “lleva tiempo”. “Esperamos que este informe anime a otros a hablar”.
El jurado escuchó testimonios de víctimas de hasta 83 años: denunciar “lleva tiempo”