Un camino tortuoso
Italia comunica a Autostrade que empieza el proceso para revocar la concesión de la gestión de autopistas italianas
Aunque hayan pasado sólo cuatro días desde el trágico derrumbe del puente Morandi de Génova, el Gobierno antisistema italiano ha decidido ir por la vía directa. El primer ministro, Giuseppe Conte, anunció ayer que ha comunicado a la sociedad Autostrade la apertura del procedimiento para terminar con la concesión de la gestión de las autopistas italianas. Le culpa directamente de la tragedia, porque tenía “la obligación de ocuparse del mantenimiento ordinario y extraordinario de la autopista A-10”. El premier ha dado a la filial del grupo Atlantia, a su vez parte del holding Edizione de la familia Benetton, 15 días para presentar sus conclusiones. El ministro grillino de Infraestructuras y Transportes, Danilo Toninelli, anunció a su vez que ha constituido una comisión en su ministerio para que en un mes haga comprobaciones técnicas y valorar así “el incumplimiento” de Autostrade per l’Italia.
Sin embargo, retirar una concesión de este tipo no será un camino fácil. Técnicamente es posible, pero es un proceso muy costoso y complejo. Por este motivo existen hasta voces discrepantes en el mismo Gobierno. El vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, dijo sólo horas antes que “no es el momento de hablar de esto, primero hemos de ver cómo se comportan”. Edoardo Rixi, viceministro de Infraestructuras y hombre fuerte de la Liga en Génova, consideraba también una multa de más de 150 millones de euros.
El primer punto, y el más importante, es que la concesión termina en el 2042 y, según el contrato firmado en el 2007 entre Anas (el ente de gestión de las autopistas italianas) y Autostrade, de rescindirla antes, el Estado debería indemnizar a la sociedad con el coste equivalente al valor actual neto de la recaudación de la concesión. Es decir, una cifra que rondaría los 20.000 millones de euros para las arcas italianas. Para que esto se pueda llevar a cabo se necesitarían uno de dos supuestos. El primero, intencionalidad en el siniestro, algo que queda fuera de la mesa. El segundo, que se demuestre que Autostrade ha cometido un “error grave”.
Fuentes cercanas a Atlantia lamentaron ayer en una conversación con este diario que el Gobierno esté tomando conclusiones precipitadas, antes de que exista una investigación formal. “Es el momento del dolor, no de la polémica ni de la confrontación”, aseguraron. En Atlantia dicen ser conscientes de que algún tipo error se ha cometido, porque si no el puente no se habría hundido, pero subrayan que se trata del “puente más monitoreado de la historia de Italia”. También recuerdan que en los últimos 10 años Autostrade ha invertido 15.000 millones en el mantenimiento de las infraestructuras de las autopistas italianas, aunque no se puede calcular por el momento la parte de esta cantidad que ha ido directamente al puente que ahora ha devastado Génova.
“En los últimos años hemos hecho muchos estudios, propios e independientes”, señalan las fuentes cercanas a Atlantia. “Los pondremos todos en manos de la justicia para que se aclare la verdad”. Hoy celebrarán una rueda de prensa en Génova para explicar su posición a la reacción gubernamental.