España, Francia y Alemania buscan un pacto migratorio
Los tres países plantean designar puertos a priori y cuotas de distribución Andalucía y Catalunya piden un mejor reparto de los menores
El pacto entre seis países europeos para el atraque en Malta del barco Aquarius alcanzado esta semana puede ser el prólogo de un acuerdo marco sobre inmigración en el que trabaja el Gobierno español junto con el resto de los ejecutivos firmantes. La cumbre del Salzburgo del próximo 20 septiembre avanzará en las bases de una estrategia concertada para hacer frente al crecimiento del nacionalismo y la xenofobia en gobiernos europeos, como el caso del húngaro, el polaco, el italiano o el austriaco.
Para el Gobierno español, la solución aplicada esta semana para los 141 náufragos del Aquarius pone de relieve que la UE ha de disponer de una política estructural que contemple la gestión de los tres momentos de la operación de los barcos en el Mediterráneo: el rescate, el atraque y el reparto de los rescatados. “No podemos improvisar cada vez que aparezca un barco”, señalan fuentes del Gobierno español, que trabajó mano a mano con Francia para la solución al Aquarius. “No podemos depender de la buena voluntad de cada cuál en cada caso”.
El objetivo es que este procedimiento marco incluya puertos predeterminados para un desembarco rápido y seguro, y una simplificación de los trámites para los solicitantes de asilo, así como una agilización de las respuestas. En cuanto a los inmigrantes sin papeles, el objetivo ha de ser su devolución a los países de origen, lo que obligaría a la UE a reforzar la cooperación con los gobiernos de los países originarios y de tránsito.
No hay un calendario, pero sí una voluntad firme de que la UE, o al menos los países incluidos en el espacio de libre circulación denominado espacio Schengen (que incluye a 26 estados), trabajen las fronteras como lo que son: comunes. El presidente español, Pedro Sánchez, ha puesto entre sus prioridades de política internacional este acuerdo, y ha insistido en que cuando un inmigrante pone un pie en una playa española “lo pone en Europa”. No es retórico. De hecho, es paradójico que el ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, proclame que “ni un inmigrante más entrará en Italia” porque no puede garantizar tal cosa: debido a Schengen, cada inmigrante que desembarca en España, Malta o Grecia, ya está en Italia.
Desde el Gobierno español, en todo caso, subrayan que lo ocurrido esta semana demuestra que los gobiernos de los países miembros pueden actuar de forma resolutiva más allá de las cumbres, y que de hecho Bruselas “pudo auspiciar el acuerdo de esta semana sin que mediara un mandato expreso”. El propósito es un protocolo para toda la UE, que todos los países que participan del espacio Schengen compartan la gestión y la responsabilidad de la frontera que comparten. Pero tampoco están dispuestos los gobiernos impulsores a que la exigencia de unanimidad de los acuerdos continentales, es decir, el derecho de veto, acabe por hacer descarrilar el acuerdo. De una parte, cabrían acuerdos entre estados miembros como el de esta semana. De otra, destacan desde el Ejecutivo español, se está creando un frente, liderado por Alemania, contrario a los gobiernos nacionalpopulistas y xenófobos que se prodigan por Europa central y oriental. Considerando que hay varios ejecutivos, como el húngaro o el polaco, que tienen abiertos procedimientos de sanción, no por violar directivas comerciales o económicas, sino por violar la Carta de Derechos –dicho de otro modo, por comportarse como democracias deficientes–, varios gobiernos, con Angela Merkel a la cabeza, son partidarios de comenzar a aplicar contra ellos mano dura, lo que puede traducirse en re- tirada de fondos de cohesión e incluso la expulsión de Schengen. “Con la política de inmigración es Schengen lo que está en juego”, destacan en Moncloa.
La novedad, destacan fuentes vinculadas a la negociación europea, es que “hasta ahora esos gobiernos han hablado sin complejos, y ahora se ha creado un frente antixenófobo en el que empieza a plantearse seriamente si tal país tiene derecho a seguir dentro de Schengen, por ejemplo”. La capacidad de presión del eje Berlín-París, con el apoyo de España, Portugal y Grecia, y quizá también el de Suecia y Bélgica, puede ser mayor de la que hasta ahora se ha hecho patente. El Brexit está siendo una clase acelerada de negociación a cara de perro, “una experiencia valiosa”, pero también un escarmiento en cabeza ajena para las heterodoxias democráticas de algunos miembros de la UE: fuera se está mucho peor que dentro.
Y uno de los asuntos más delicados que debe abordar la UE es la acogida de menores extranjeros no acompañados –conocidos en el argot administrativo como Menas (menores no acompañados)–. Ya lo dijo la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad, Magdalena Valerio, al término de la conferencia sectorial de inmigración del pa-
ACUERDO ESTABLE El propósito es que haya puertos designados y cuotas de reparto establecidos a priori
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sado 6 de agosto: “Este tema se ha de trabajar con más tranquilidad. Con cuidado y cautela. Hay comunidades autónomas partidarias de establecer cuotas, pero otras no”. El Gobierno español reconoció que este año ya han llegado más de 7.000 menores a España y se han repartido de manera dispar a lo largo del territorio. De su custodia se encargan las administraciones regionales. Están obligadas. La extradición está prohibida, a diferencia de los adultos, que el Estado puede deportar a su país de origen en virtud de convenios de colaboración.
Pero la reunión entre los diferentes representantes de las administraciones regionales españolas sólo sirvió para tener un primer contacto, para constatar diferencias y para citarse nuevamente a principios de noviembre para abordar la “preocupación acuciante en algunas comunidades”. El más explícito fue Juan José Imbroda, presidente de Melilla, que días después en declaraciones a RNE puso en duda la voluntad de algunas comunidades para colaborar y aceptar el establecimiento de cuotas que pusieron sobre la mesa Andalucía o Catalunya para hacer una distribución más igualitaria de los menores.
Precisamente Andalucía y Catalunya, junto con el País Vasco, Madrid, la Comunidad Valenciana, Melilla y Ceuta son las que más menores migrantes no acompañados acogen. Entre todas ellas tienen bajo su responsabilidad más del 70%. Según la Junta que preside Susana Díaz, más de 3.800 están en tierras andaluzas. Hace unos días, la presidenta endureció el tono con el Gobierno central ante la saturación. En Catalunya, la Generalitat aseguró haber atendido este año a 1.451 menores solos, una cifra que se acerca a los 1.489 que llegaron a lo largo del 2017. Sólo en el mes de julio fueron 440. Sumados a los llegados en años anteriores y que todavía no han llegado a la mayoría de edad, bajo la tutela de Direcció General de Atenció a la Infància y la Adolescència (DGAIA) hay más de 2.600. Las cifras han aumentado exponencialmente respecto de otros años, sobre todo respecto al periodo 2005-2015, cuando la media anual era de entre 300 y 400 menores atendidos.
El problema es que otras comunidades autónomas acogen a un número de menores migrantes mucho más bajo. Aunque en el encuentro del 6 de agosto el Gobierno central reconoció que los números no cuadran y que hay diferencias con los que aportan las distintas autonomías, el Ministerio del Interior aportó datos que dan una idea del contraste: en las Baleares hay 26 menores; en Navarra, 24; en Extremadura, 7; en La Rioja, 1. En contraste, y siempre según Interior, Andalucía, Catalunya, Melilla, el País Vasco, la Comunidad Valenciana, Madrid y Ceuta lideran con creces la lista de acogidas. Estas comunidades piden cuotas, pero en la Conferencia que va presidir Valerio hay dificultades para que las acepten.
Así, el consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, ofreció 20 nuevas plazas para menores acompañados, según informó la Junta. Castilla-La Mancha destacó la “complejidad” de acoger “menas” y afirmó que se necesitan más medios y recursos. Aragón asegura que tiene 69 menores bajo su tutela y tiene previsto poner en marcha a finales de agosto un centro específico, con 12 plazas. Cantabria está dispuesta a admitir a más menores. Tiene 47 y argumenta que son muchos, ya que en el 2015 había 5. También se muestra receptiva Asturias. Actualmente afirma que aloja a 82 menores no acompañados y acepta asumir unos pocos más, siempre y cuando la redistribución esté acompañada de más financiación.
Estas cantidades no satisfacen a aquellas comunidades que más acogen, pero en el encuentro hubo también quien, o bien no se pronunció, o bien expresó su negativa a aplicar cuotas. El gasto corre a cuenta de las comunidades. El conseller de Trabajo, Chakir ElHomrani, anunció la creación de 458 plazas, que requieren una inversión de 8,5 millones de euros. En este sentido, la ministra de Trabajo ya avisó de que habrá que esperar a la aprobación de los presupuestos del 2019 para establecer una aportación económica.
En todo caso, habrá que ver qué sale del próximo encuentro, en septiembre. Catalunya valora la decisión de recuperar el Fondo de Ayuda para la Acogida y la Integración que se puso en marcha en el 2004 y que eliminó en el 2012 Mariano Rajoy. Sin embargo, la Generalitat reclama que se dedique un fondo específico para estos menores que llegan solos, más transparencia por parte de la administración del Estado, más información y un mayor control de los flujos. Otros, como el presidente de Melilla, piden también otras medidas y apuesta por un acuerdo con Marruecos –de donde provienen buena parte de los menores– para devolverlos.
AUMENTO DE LLEGADAS Sólo en lo que va de año ya han llegado a España 7.000 menores no acompañados
REPARTO TERRITORIAL Las comunidades que acogen más, como Andalucía, reclaman solidaridad del resto