Nuevos retos
La difícil gestión de la llegada de menores migrantes no acompañados a Europa; y la necesidad de un pacto comercial con el Estado que asegure el modelo catalán.
EL Gobierno central y la Generalitat acumulan largos años de conflictos en torno a la legislación en el ámbito del comercio. Ello ha creado un constante clima de incertidumbre y de inseguridad jurídica que ha perjudicado al sector. Por ello, en principio, es muy positivo que ambas administraciones, ahora que se han renovado, hayan expresado su voluntad de llegar a acuerdos y establecer la paz comercial. Este es el resultado, que habrá que esperar a ver como fructifica, de las negociaciones recién iniciadas entre la consellera de Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
El primer paso que se ha acordado ha sido crear una comisión de trabajo que permita desbloquear las leyes impugnadas en el Tribunal Constitucional por ambas partes en el marco, según dijo Reyes Maroto, de respetar la peculiaridad del comercio catalán. En este sentido, su voluntad es que la ley de Comercio catalana pueda aplicarse tal como salió aprobada del Parlament.
El clima de diálogo abierto entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez contrasta con la guerra abierta con los gobiernos del Partido Popular. La intención de la consellera de Empresa i Coneixement, más allá de la retirada de los recursos del Constitucional, es recuperar y explotar todas las competencias que tiene la Generalitat en el ámbito comercial y avanzar en una nueva legislación que propicie la modernización del sector para adaptarlo a las nuevas prácticas derivadas del entorno digital o a la gestión profesionalizada de los ejes comerciales.
En el fondo de los conflictos entre la Administración central y la autonómica sobre la legislación comercial ha existido siempre un pugna entre el proteccionismo de la Generalitat, que entiende que hay que defender el modelo catalán basado en el pequeño comercio, y la filosofía liberalizadora de los gobiernos del Partido Popular. Encontrar el equilibrio entre ambas posiciones ha sido siempre difícil. La nueva etapa de diálogo de la Generalitat con el nuevo Gobierno socialista no debería derivar en un mayor proteccionismo comercial en Catalunya porque, en contra de lo que en principio se pueda pensar, cortar las alas al intenso dinamismo del sector comercial catalán supone perjudicarlo en lugar de beneficiarlo.
La verdadera defensa del modelo catalán de comercio, en lugar de mayores regulaciones que pueden ir en su contra, exige facilitar al sector el máximo de herramientas, medios y ayudas para poder seguir siendo competitivo en precios y calidad, como ha demostrado que lo ha sido a lo largo de toda la historia. Esto es lo único que garantizará el futuro del modelo en el marco de la creciente e imparable liberalización que supone el comercio on line.