La fiscal general no cree que sea delito poner o quitar lazos
Segarra tampoco ve punible que Torra hable de “atacar al Estado” al ser sólo “declaraciones”
La nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, enmarcó dentro de la “libertad de expresión” las actuaciones de quienes ponen lazos amarillos en el espacio público y de quienes los quitan. En ambos casos, aseguró que no ve delito alguno.
La fiscalía dejará de ser un ariete político en la pugna con el independentismo. La nueva fiscal General del Estado, María José Segarra, ha colocado las expresiones políticas a favor y en contra del proceso independentista en el ámbito de la libertad de expresión y, aunque ha admitido que si hay denuncias serán estudiadas por la fiscalía, ha dejado claro que no ve materia penal en el acalorado debate en torno a la presencia de símbolos políticos en la vía pública. Ni lazos ni pancartas.
A preguntas de la prensa durante su participación en la inauguración de un curso sobre la Orden Europea de Investigación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Segarra ha dicho que poner lazos amarillos o quitarlos carece de entidad penal y forma parte del ejercicio de la libertad de expresión –sin que eso suponga prejuzgar otras conductas aledañas, como si hubiera daños al mobiliario público o si se ha dado violencia entre los partidarios y detractores de los distintos símbolos–: “Tan lícito es publicitar una opinión ideológica como manifestar una opinión contraria retirando material que se ha depositado”, comentó la fiscal, quien fue muy específica: “No hay delito alguno en quitar ni en poner símbolos en la vía pública, forma parte de la libertad de expresión”.
En todo caso, tras informar de que no hay ningún procedimiento penal abierto en la fiscalía por hechos relacionados con lazos amarillos puestos o retirados en diversos lugares de Catalunya o respecto a las pancartas en contra de la visita del rey Felipe a Barcelona por el aniversario del 17-A, Segarra subrayó que, a su juicio, no tiene “ninguna relevancia, pero si alguien tiene alguna acusación por un delito de daño, se estudiará, como todas las denuncias que se interponen en cualquier punto de la geografía española”. En cuanto a las órdenes de retirada de símbolos o pancartas, Segarra delegó la responsabilidad en el Ejecutivo catalán: “Son las autoridades gubernativas catalanas las que tomarán las decisiones, seguramente las más oportunas”.
La polémica la había azuzado ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, quien considera que los lazos amarillos –que piden la liberación de los excargos del Govern en prisión provisional por orden del juez del Supremo Pablo Llarena que instruye la causa del 1-O– son “símbolos golpistas” y exige al Gobierno que tome cartas en el asunto. A juicio de Garrido, hay un ilícito penal tanto en las “agresiones” que, según él, sufren los que retiran lazos amarillos como en las palabras del presidente de la Generalitat, Quim Torra, cuando habla de “atacar al Estado”, de ahí que cargue contra la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que echó agua a estas controversias: “¿Para cuándo defender España y a sus ciudadanos?”, dijo Garrido, que ve en esos hechos una agresión al Estado.
La fiscal general, sin embargo,
María José Segarra no ve alcance penal en las palabras de Torra, que tilda de “declaraciones políticas (...) sin más”
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El presidente de Madrid, Ángel Garrido, tilda de “golpistas” los lazos amarillos y exige reacción al Gobierno
es mucho menos dramática y evita pronunciarse en ningún sentido respecto a las declaraciones del president Torra, que atribuye a su libertad política: “Son manifestaciones de un representante político y ahí están sin más”. Para despejar dudas, añadió el subrayado de que la fiscalía tiene como cometido “juzgar hechos concretos”. Dicho de otro modo, la república verbal no es delito.
En cuanto al escrito de acusación de la Fiscalía del Supremo al pasar a juicio oral la causa contra el expresident Carles Puigdemont y su gobierno, y que por tanto afecta a la situación procesal de los hoy encarcelados o huidos, María José Segarra aseguró que será inminente, pero no quiso aclarar si finalmente la acusación será por el delito de rebelión o por alguna formulación del mucho menos grave delito de desobediencia. “Nos pronunciaremos en cuanto nos den el traslado para formular el escrito de acusación”. Según Segarra, ese momento está ya “muy cerca”, –de hecho, mostró su confianza en que el Tribunal Supremo dé traslado en septiembre a la fiscalía para formular las acusaciones– y será entonces “cuando realizaremos la descripción de las conductas que se atribuyen a cada uno de los acusados y la responsabilidad que les pedimos”.