Contra las prácticas irregulares de empresas en concursos públicos
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) quiere evitar los pactos entre licitadores, que generan un sobrecoste medio en los contratos afectados del 30%
La Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) impulsa un plan para que las administraciones, las empresas competidoras o los consumidores puedan detectar y denunciar más fácilmente la existencia de empresas que realizan prácticas que limitan la competencia en licitaciones públicas, por ejemplo pactando precios o repartiéndose el mercado. Y es que el éxito de la compra pública –que constituye, de media, más de un 15% del PIB en los países de la UE– depende principalmente de dos factores: el precio abonado y la calidad del bien o servicio que se recibe en contraprestación. Estos dos elementos experimentan cambios significativos en función del grado de concurrencia y competencia en cada licitación pública. Tanto es así que, en Catalunya, este tipo de irregularidades generan un sobrecoste medio del 30% en los contratos públicos afectados.
COLABORACIÓN CIUDADANA
La colaboración ciudadana es una fuente importante de información para alertar de conductas inapropiadas. Son muchas las vías mediante las que se puede informar de una irregularidad: presencialmente, llamando al teléfono 93 552 81 60, por correo electrónico o en el canal de colaboración de la web de la ACCO (acco.gencat.cat). Se permite alertar de conductas no competitivas de forma anónima sin necesidad de identificarse. En caso de que el informante sea una de las empresas que ha cometido la irregularidad, no será sancionada si aporta pruebas que resulten ser clave para la investigación.
Un ejemplo de la labor de la ACCO es la sanción a cuatro empresas por haber infringido la ley de competencia en las licitaciones públicas para la prestación de servicios de mantenimiento del alumbrado público. Estas empresas alteraron el resultado de varios concursos de licitación hasta el año 2015, coordinando sus comportamientos para manipular los concursos a los ayuntamientos de Mataró, Sabadell, Argentona y Vilassar de Mar.
A partir de una denuncia interpuesta en la ACCO, se llevaron a cabo inspecciones domiciliarias por sorpresa a las empresas para obtener pruebas. Las inspecciones de la ACCO incluyen el análisis de archivos en papel, ordenadores, teléfonos móviles y los dispositivos que se consideren necesarios para obtener pruebas sobre los acuerdos anticompetitivos de las empresas. Después de las inspecciones se concluyó que las compañías infractoras habían adoptado acuerdos de coordinación previos a la presentación de ofertas, en los precios de las ofertas y en las condiciones técnicas, y que habían intercambiado la información de las propias propuestas a presentar en las licitaciones. La sanción a las cuatro empresas fue superior a los 560.000 euros.
INFRACCIÓN DE LA LEY
El mismo sistema irregular se detectó en otras licitaciones públicas "con conductas que infringen la ley de defensa de la competencia", según estableció la ACCO. Las sanciones a las empresas pueden llegar a suponer el 10% de la facturación del año anterior y también pueden incluir sanciones a directivos.
La ACCO cerró el 2017 con 12 expedientes resueltos o en tramitación en el ámbito de la contratación pública. Este 2018, se han mejorado los mecanismos de colaboración con el Govern y otros organismos y administraciones para incrementar la detección de prácticas anticompetitivas, ya sea a partir de denuncias de los propios órganos de contratación o a partir de análisis de los datos de los concursos públicos. Además, se han adquirido diferentes herramientas tecnológicas de inspección y se prevé incrementar la capacidad inspectora.