El Gobierno aprobará un decreto ley para exhumar los restos de Franco
La reforma de la ley de Memoria Histórica deberá convalidarse en el Congreso en septiembre, y el PP ha anunciado que no se opondrá
El Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará un decreto ley para permitir la exhumación de los restos de Francisco Franco sepultados en el Valle de los Caídos. Se trata de una modificación de la ley de Memoria Histórica que tendrá que ser convalidada por el Congreso en septiembre y que se prevé que salga adelante sin problemas.
El Consejo de Ministros del próximo viernes aprobará un decreto ley que dará amparo a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro de Cultura, José Guirao, confirmó ayer la información que había adelantado la agencia Efe 48 horas antes: la primera reunión del Gabinete tras las vacaciones, el viernes 24 de agosto, tiene como propósito principal dar cobertura jurídica a uno de los gestos más simbólicos del nuevo Gobierno, trasladar los restos de Franco.
Sánchez, que arrancó su mandato con el potente mensaje de ofrecer puerto al barco Aquarius con 630 inmigrantes, quiso añadir de inmediato otro gesto político de campanillas: dar cumplimiento a la propuesta del Congreso de los Diputados de sacar al dictador del mausoleo del valle de Cuelgamuros, pero de inmediato se topó con dificultades legales y decidió esperar hasta estudiar la fórmula legal que no acabará judicializando el asunto y retrasando sine die la esperada imagen del traslado de los restos.
Tras deshojar la margarita durante un mes, despachando consultas con los servicios jurídicos, el Gobierno ha optado por acudir al decreto ley, que al tener rango de norma y ser ratificado por el Congreso de los Diputados, sólo es recurrible por parte de los grupos parlamentarios, no por particulares, ni siquiera los concernidos. Durante el mes de julio, el Gobierno de Sánchez había tratado de pactar con los herederos del dictador el traslado de los restos y llegó a creer que el asunto se resolvería sin controversia, pero al no lograrlo –los herederos acabaron firmando una carta que remitieron al Gobierno en que se negaban taxativamente a dar su visto bueno a la medida–, en el Ejecutivo cundió el temor de que podría enfrentarse a un largo pleito con la familia e incluso, finalmente, a la suspensión cautelar de la exhumación por parte de un juez.
La fórmula escogida impide ese supuesto, pero no ha evitado la protesta familiar. Ayer, el nieto de Francisco Franco, que lleva el mismo nombre que su abuelo, ironizaba con la urgencia aplicada por el Gobierno para “tomarse la revancha 42 años después”.
El decreto ley, cuyo contenido no ha trascendido, será una escueta reforma de la ley de Memoria Histórica del 2007 que dará amparo a la decisión adoptada por el Congreso de los Diputados en mayo del 2017, a través de una proposición no de ley impulsada por el PSOE y que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios excepto
SEGURIDAD JURÍDICA
La fórmula del decreto evita que los herederos puedan tratar de paralizar el traslado
PABLO CASADO
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CIUDADANOS Arrimadas lamenta que no se aborde una solución integral para Cuelgamuros
dos, el PP y ERC, que se abstuvieron. También hubo un voto en contra de una diputada popular que dijo haberse equivocado.
Ni el PP ni Ciudadanos están contentos ante la evidencia de que Pedro Sánchez convierta el cumplimiento de la proposición no de ley del Congreso de los Diputados en tan potente gesto político para los primeros compases de su mandato. Pero de ahí a que voten en contra media un abismo político: nadie quiere señalarse como el defensor de la memoria del franquismo. Tanto el líder del PP, Pablo Casado, como el de Ciudadanos, Albert Rivera, han criticado con dureza y tono acre lo que consideran un uso instrumental de la memoria histórica por parte de los socialistas y han repetido el supuesto dilema entre revisar el pasado o gobernar el presente, pero está descartado que ninguno de los dos grupos modifique el voto emitido en mayo del 2017 al respecto. Casado hablaba, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, de la inutilidad de “reabrir viejas heridas” y reivindicaba la “ejemplaridad” de la transición españo-
la, que en su momento decidió amnistiar los crímenes franquistas. El portavoz del PP en el Senado, José Ignacio Cosidó, amenazó ayer con recurrir a los tribunales si el decreto vulnera la ley como, según él, ha ocurrido en otras ocasiones. Pero hasta ahí.
La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, fue menos beligerante y sólo subrayó que la exhumación de Franco forma parte de la solución para el Valle de los Caídos, pero reclamó que el Gobierno afronte en este momento un enfoque global y más ambicioso para que el gigantesco mausoleo y fosa común sea convertido en “un espacio de reconciliación”. El ministro de Cultura sí ha adelantado en entrevista radiofónica algo al respecto, aunque más que en un espacio de reconciliación está pensando en un espacio de memoria del horror, pues mencionó la posibilidad de estudiar una solución similar a la que se adoptó en Polonia con el campo de exterminio nazi de Auschwitz.
Tampoco va a cambiar el sentido de su voto ERC. En aquel momento, el portavoz de los republicanos en el Congreso, Joan Tardà, reprochó al PSOE las reiteradas ocasiones en que se opuso a votar las proposiciones de Esquerra para que fueran anuladas las sentencias del franquismo, incluida muy especialmente la que condenó al expresidente de la Generalitat Lluís Companys. Y pone esa condición a su voto favorable. Los socialistas no admitieron entonces enmienda alguna a su propuesta, y se votó tal como había sido presentada, aunque otros grupos que la apoyaron, como el confederal de Unidos Podemos, En Comú y En Marea, lo hicieron reclamando una ampliación de la ley de Memoria Histórica de alcance similar a la solicitada entonces por los republicanos. Ayer, Joan Tardà reiteraba la posición que ERC mantendrá en el Congreso respecto a la propuesta del Consejo de Ministros para la exhumación: “El Gobierno conoce y el PSOE sabe desde hace mucho tiempo cuál es nuestra posición”, decía Tardà, en alusión a la pugna que mantuvo con el gobierno socialista del presidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la negociación de la ley de Memoria Histórica, que finalmente ERC no apoyó por considerarla tímida y manifiestamente insuficiente. Tardà recordaba ayer que la entonces vicepresidenta del gobierno, Teresa Fernández de la Vega, se había comprometido ante la tumba de Companys a restituir su honor y dignidad, sin que haya habido ninguna acción efectiva posterior. Los republicanos consideran que es imprescindible una reforma a fondo de la ley de Memoria Histórica, y de nuevo el pasado 18 de julio registraron en el Congreso de los Diputados su propuesta legislativa, cuyo objetivo es acabar con la anomalía española, la única democracia en la que “no solamente no han sido reparadas las víctimas de la dictadura sino que, además, el modelo español de impunidad ha cubierto el espacio del presente con una nube de amnesia absoluta”.
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ABSTENCIÓN
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