La difícil conquista de la bula
El Gobierno ha logrado el plácet de la Iglesia a una exhumación que quedó fuera de la ley de Memoria Histórica del 2007
La Iglesia no se opondrá a la salida de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. El arzobispado de Madrid se lava las manos, y ayer reiteraba que el destino de los restos del dictador corresponde decidirlo al Gobierno y a la familia, no a la Iglesia. El propio arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ya había transmitido en julio al Gobierno que no harían nada para impedir la exhumación si así se decidía. Y convenció al abad de los benedictinos del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, que había adoptado una actitud de resistencia pasiva ante la medida –llegó a negarse a comparecer en el Senado, como solicitó la Cámara Alta– y que tampoco obstará.
Que la Iglesia se abstenga de intervenir en esta cuestión ha requerido un largo camino, en todo caso, y de hecho la oposición del arzobispado de Madrid y de la orden benedictina a ceder el control del mausoleo obligó hace diez años a intervenir a la abadía de Monserrat, también benedictina (aunque con un papel antitético de la de Cuelgamuros con y durante el franquismo). En aquel momento, la intervención de Montserrat y la mediación de CiU acabaron convenciendo a José Luis Rodríguez Zapatero de evitar un conflicto con la Iglesia en torno al gigantesco monumento franquista. Tan así que la ley de Memoria Histórica acabó incorporando dos artículos que ahora podrían ser un obstáculo a la pretensión del Gobierno de sacar los restos mortales de Franco de allí, según la comisión de expertos que compareció en el Congreso. En primer lugar, el artículo 16, que remite a la legislación sobre cementerios, una competencia depositada en comunidades autónomas y ayuntamientos. El artículo dice: “El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo”. Para tranquilizar a los benedictinos, se blindó el estatus del Valle de los Caídos homologándolo a cualquier otro templo y camposanto, aunque prohibiendo explícitamente celebrar en el recinto actos de exaltación franquista.
El otro artículo que atañe a la gestión del Valle de los Caídos es la disposición adicional sexta de la ley, que señala que “la fundación gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este periodo histórico y de los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de reconciliación y
La mediación de CiU logró evitar el conflicto con los benedictinos del Valle de los Caídos en el 2007
convivencia que hay en nuestra sociedad”, pero esos objetivos –que en parte pueden entenderse como contradictorios entre sí– quedaban subordinados al artículo anterior, pues la disposición concluía: “Todo ello, con plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16”.
Ya sin Benedicto XVI en Roma, sustituido por el papa Francisco, y sin Antonio María Rouco Varela al frente de la diócesis madrileña, sustituido por Carlos Osoro, todo resultó más fácil, pero no se descarta que a medio plazo la Iglesia tenga que intervenir. El abad de la orden de la que depende la abadía escorialense, la de Solesmes (Francia), Philippe Dupont, transmitía ayer que la cuestión “concierne a los españoles, no a los franceses”, recoge Europa Press. Pero los herederos de Franco, que ya transmitieron a la congregación a finales del mes de julio su negativa a autorizar el traslado, podrían acudir a los benedictinos para que medien ante el Gobierno de España. Y en ese caso, podrían intervenir tanto la diócesis como, tal vez, la Santa Sede.