Justicia prepara la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia
El Ministerio de Justicia “está procesando los datos para la realización del listado” de bienes inmatriculados por la Iglesia católica y “se prevé que, una vez finalizado, se proceda a su publicación de forma que se garantice el cumplimiento de la ley Hipotecaria y la ley orgánica de Protección de Datos”.
Así lo ha asegurado el Gobierno en una respuesta escrita dirigida al diputado del PSOE Antonio Hurtado, quien considera que ese lista “va a ser un punto de partida muy importante” para que se puedan iniciar las reclamaciones por parte de particulares e instituciones. “Se han inmatriculado bienes de dominio público que pertenecen a la colectividad y son de uso y servicio público”.
Una reforma de la ley Hipotecaria aprobada en 1998 por el gobierno de José María Aznar otorgaba la potestad a la Iglesia católica de acreditar la propiedad de templos o lugares de culto. A juicio del parlamentario del PSOE, esta modificación ha permitido a la Iglesia inmatricular bienes de dominio público “sin necesidad de acreditar su propiedad” ya que “se le ha dado un perfil de institución publica a una institución privada que es la Iglesia”.
Los obispos españoles han mostrado su conformidad con que el Gobierno publique el listado de bienes registrados “siempre que se haga conforme a la legislación vigente y que opere el principio de no discriminación”. Y matizan que “la Conferencia Episcopal no dispone de un registro de bienes inmuebles de la Iglesia”, según asegura el responsable de asuntos económicos de la conferencia, Fernando Giménez Barriocanal.
En España, sostiene la Conferencia Episcopal Española, hay unas 40.000 entidades civiles reconocidas como Iglesia católica “que tienen la autonomía que les reconocen las normas civiles y canónicas, incluida su capacidad de inmatriculación de inmuebles”. Además, añade que 23.000 parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta finales de los años noventa. “En muchos casos se trata de centros de culto edificados hace muchos siglos”, asegura.
Hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), recuerda el diputado Hurtado, que avisan de que el cambio normativo que permitió las inmatriculaciones no es acorde a la normativa europea ni a la Convención de Derechos Humanos” y “dan la razón” a los particulares que reclaman a la Iglesia los bienes.