Interior plantea tratar de los lazos amarillos en la Junta de Seguridad
Torra pide por carta a Marlaska que actúe ante las “agresiones de agentes de policía”
La polémica por la colocación y la retirada de lazos amarillos en lugares públicos debería discutirse en una próxima reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya, según apuntó ayer Ana Botella, secretaria de Estado de Seguridad.
Toda la polémica creada en torno a los lazos amarillos está formando un caldo de cultivo que puede acabar en una “escalada inabarcable”. Así lo cree la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, que en consecuencia reconoció que se está estudiando la convocatoria de la Junta de Seguridad de Catalunya, órgano recogido en el Estatut, presidido por el presidente de la Generalitat y pensado para la coordinación de las políticas de seguridad y de la actividad de los cuerpos policiacos del Estado y de Catalunya.
Botella respondió de esta manera a los periodistas en el contexto de la carta que el president Quim Torra dirigió ayer al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que le pide que intervenga ante los insultos, agresiones y acciones aislados que han protagonizado agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. El presidente de la Generalitat lista en la misiva tres casos: los insultos que según los diputados de ERC Jenn Díaz y Josep Maria Jové recibieron ante la jefatura general de la Policía Nacional en la Via Laietana de Barcelona a principios de agosto, la agresión a un fotoperiodista a mediados de julio, y la participación de un agente de la Guardia Civil en Ribera d'Ebre “en estos grupos armados y organizados que recorren el territorio catalán”.
El 23 de julio, el Govern ya urgió al Ejecutivo español a convocar y encontrarse en la Junta de Seguridad de Catalunya. El presidente lo comunicó en persona a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, en el transcurso de la reunión que mantuvieron aquel día en el Palau de la Generalitat. ¿Las razones? El mantenimiento del nivel 4 sobre 5 de alerta terrorista, pero también el “crecimiento de los ataques fascistas en Catalunya”.
En aquella ocasión, Torra pidió a Cunillera conocer qué medidas disciplinarias se preveían con respecto a los dos casos. Sin embargo, “a la vista del silencio de la delegada del Gobierno”, a quien envió anteriormente otra carta el día 9 de agosto, el presidente asegura verse obligado a dirigirse directamente al ministro del Interior, según argumenta.
Las palabras de Torra parecen no haber gustado a Cunillera. Durante una visita ayer al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), la delegada del Gobierno replicó que la próxima semana, cuando agote oficialmente su periodo de vacaciones, contestará la carta del día 9 y dirá a Torra “lo que él ya sabe”. Además, fuentes de la delegación aseguraron que Cunillera no está habilitada para firmar documentos porque jurídicamente está de vacaciones, razón por la cual todavía no habría respondido a la carta enviada por Torra. Pero, en este sentido, fuentes próximas al presidente de la Generalitat aseguran desconocer a qué se refiere la delegada.
De todos modos, la representante del Gobierno concretó que ya se vieron el 17 y 18 de agosto, con motivo del primer aniversario de los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils, momento en que volvieron a tratar la cuestión, según dijo Cunillera. Y con cierta incomodidad señaló que las relaciones con el presidente de la Generalitat tienen que tener como hilo conductor “la confianza mutua”. “Que no se preocupe. Tanto el ministro como yo le explicaremos lo mismo”, concluyó.
Con todo, Torra vuelve a pedir esta vez a Marlaska que, sin perjuicio de las acciones penales que se puedan emprender, se informe al Govern de las medidas disciplinarias que se puedan adoptar, ya que, a su parecer, los hechos de Ribera d’Ebre, con la participación de un agente de la Guardia Civil, podrían adecuarse a lo previsto en dos leyes orgánicas de la legislación española. Estas tipifican, entre otros actos, “la ostentación o utilización de armas sin causa justificada” o “su uso en acto de servicio o fuera de él infringiendo los principios y normas que regulan su uso”, así como también “organizar, participar o asistir llevando armas, vistiendo el uniforme reglamentario o haciendo uso de su condición de Guardia Civil en manifestaciones o reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo que se celebren en lugares públicos”.
Torra concluye la carta advirtiendo al ministro que es “urgente poner fin a la escalada de violencia en Catalunya por parte de grupos violentos, así como depurar responsabilidades”.
En todo caso, la fecha para la celebración de la Junta de Seguridad no está fijada. La secretaria de Estado de Seguridad tan sólo señaló que se está estudiando hacerla “en los próximos días”, cosa que contentaría al Govern, que ya dejó claro que debería reunirse “cuanto antes mejor”.
CARTA A GRANDE-MARLASKA “Es urgente poner fin a la escalada de violencia por parte de grupos violentos”, afirma Torra
LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Botella apela a reconducir la situación para evitar un aumento de la tensión
Sobre la polémica de los lazos amarillos y de los tres ataques de los policías al soberanismo, Botella fue clara: “Ante la sensibilidad del tema, el debate abierto, el respeto que todos debemos al uso del espacio público, puede despertar en otras personas que piensan diferente el interés en llenar el espacio público de alguno otro tipo de símbolos, con lo cual podemos entrar en una escalada inalcanzable”.
“Orden y concierto”, llegó a decir Botella, a la vez que apelaba al “juicio” para así tratar la situación “desde un punto de vista legal y la manera de reconducirla”.
La última reunión de la Junta de Seguridad fue convocada por Carles Puigdemont, tres días antes del 1-O, después de no haberse celebrado durante más de siete años.