El destino del dinero
La implicación de Donald Trump en la financiación ilegal de su campaña; y el renovado impulso de la línea 9 del metro de Barcelona.
EL martes, el que fue abogado personal del presidente Donald Trump durante diez años, Michael Cohen, se declaró culpable de ocho cargos relacionados con fraude bancario e impuestos y de financiación de campañas electorales. El mismo día Paul Manafort, que dirigió la campaña de Trump, fue hallado culpable de ocho cargos por fraude y puede ser condenado a 80 años de cárcel.
Dos de los cargos aceptados por Cohen son violar leyes de financiación de campaña y en este contexto estarían los pagos a dos mujeres –dos actrices porno– que afirmaron haber mantenido relaciones sexuales con Trump, para comprar su silencio. Son dos delitos que afectan directamente al presidente y lo convierten oficialmente en sospechoso porque Cohen afirma haberlos cometido “bajo la dirección del candidato y con el objetivo principal de influir en las elecciones”.
Por su parte, el veredicto de culpabilidad contra Manafort es producto de la investigación del fiscal especial Robert Mueller, pero este juicio no ha estado relacionado directamente con las actividades de Manafort cuando dirigió la campaña de Trump. Mueller quiere descubrir ahora si hubo coordinación entre el equipo de campaña y la sofisticada estrategia de hackers y espías rusos para llevar al candidato a la presidencia.
Estas dos situaciones judiciales salpican al presidente, además, porque los dos convictos estudian la posibilidad de colaborar con Mueller, que investiga la injerencia rusa en las elecciones del 2016 y si posteriormente el presidente intentó obstruir la justicia.
Trump ha dicho estar “muy triste” por la condena a Manafort, pero insistió en que no tiene nada que ver con él o con la trama rusa, volviendo a sacar a relucir la “caza de brujas”. Más irónico fue en su respuesta a Cohen vía Twitter: “Si alguien busca un buen abogado, le sugiero que no contrate los servicios de Michael Cohen”, añadiendo, sin aportar pruebas, que la violación de leyes electorales aceptada por Cohen “no es un delito” y que su exabogado “se inventa historias” para conseguir una condena menor.
La pregunta ahora ya no es saber si los principales colaboradores de Trump violaron la ley. Eso ya ha quedado probado judicialmente. Tres de sus principales asesores han sido condenados o se han declarado culpables de delitos federales: Cohen, Manafort y Michael Flynn, su exasesor de seguridad nacional que ocultó conversaciones al FBI. La pregunta ahora es qué impacto político tendría una posible responsabilidad penal de Trump, cómo respondería el Congreso y qué efectos tendría todo ello en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre.
La confesión de Cohen es sin duda la más preocupante para Trump porque no tiene nada que ver con la trama rusa sino con la facilidad con que miembros de su equipo violaron las leyes de campaña. El comunicado del abogado de Cohen es, en este sentido, demoledor: “Si esos pagos fueron un delito para Michael Cohen, ¿por qué no deberían serlo para Donald Trump?”. Si los jueces se hacen la misma pregunta, el presidente podría tener que responder ante los tribunales por asuntos ajenos al Rusiagate. Un posible impeachment queda todavía lejos y los demócratas lo ven con cautela, pero de lograr la mayoría en el Congreso, en noviembre podría abrirse la puerta.
Son las horas más bajas de Trump, los peores días desde que llegó a la Casa Blanca, porque ha quedado claro que está implicado en al menos una conspiración para ocultar al ciudadano la verdad de lo que ocurrió en unas elecciones que ganó por un estrecho margen en tres estados.