Apoyo soberanista a Sánchez para eludir al PP en el Senado
El Gobierno reúne votos para cambiar la ley de Estabilidad y flexibilizar el déficit Los populares llevarán el intento de apartarles al Constitucional
Los presupuestos del 2019 ya no son un imposible. Han pasado a la categoría de difíciles, muy difíciles. El pacto alcanzado entre el Gobierno y Podemos sobre la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para reformar el apartado 6 del artículo 15 y retirar al Senado la capacidad de veto sobre los objetivos de déficit ha recibido el apoyo de los grupos de PDECat, ERC y PNV.
Esta reforma debería derribar uno de los bastiones de resistencia del PP, que controla la mayoría absoluta de la Cámara Alta y que tenía en su mano impedir la aprobación del techo de gasto.
El próximo obstáculo que se le plantea ahora el Gobierno es cómo lograr modificar la ley de Estabilidad, de rango orgánico. Salvo que se encuentre otro mecanismo, la reforma ha de llegar al Congreso, ser admitida a trámite en la mesa –donde PP y Cs tienen mayoría– y luego pasar por las dos cámaras. El rompecabezas es de suficiente entidad como para que ayer a última hora el Ejecutivo anunciara que no llevará al Consejo de Ministros de hoy el techo de gasto hasta que haya dado con la fórmula que permita modificar la norma y evitar el veto del PP en el Senado, que podría ser presentar una proposición de ley directamente en el Congreso. Esta mañana comparecerá en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno.
El apartado 6 del artículo 15 de la ley de Estabilidad dice que “si el Congreso de los Diputados o el Senado rechazan los objetivos, el gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento”. Es decir, exige la aprobación por ambas cámaras, en un mecanismo extraño en el funcionamiento habitual de las Cortes, pues lo común es que el Congreso tenga la última palabra en caso de que una norma sea alterada en el Senado.
Tanto PNV como ERC y PDECat creen que la eliminación de esta cláusula, introducida por el PP en el 2012, suprime una anomalía y facilitará la consecución de acuerdos ulteriores tanto en lo relativo a los objetivos de déficit de las comunidades autónomas como en la modificación de la regla de gasto que hoy incapacita a los ayuntamientos con superávit para invertir, e incluso abre la posibilidad de aprobar unos presupuestos generales del Estado para el 2019, un objetivo que permitiría al Gobierno estirar la legislatura hasta su fin natural, en junio del 2020.
Tanto Unidos Podemos, que arrancó el acuerdo en una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y su equipo a última hora del miércoles, como PDECat, a través de su portavoz en el Congreso, Carles Campuzano, se han manifestado a favor de que el Gobierno agilice la tramitación de la reforma de la ley, para que el nuevo objetivo de déficit pueda aprobarse sin dar ocasión a que el PP tumbe en el Senado lo que el Congreso dictamine.
“Si este acuerdo se hubiera alcan- zado en junio, ya habríamos aprobado un techo de gasto”, subrayó Campuzano. “Todo lo que sea salvar el rodillo reaccionario que supone la mayoría absoluta del PP en el Senado es bueno”, señalaba Gabriel Rufián, diputado de ERC, encomendándose en todo caso al pronunciamiento del Govern, que dio su plácet a la medida a través del vicepresidente, Pere Aragonés.
Desde Podemos, ayer, tanto el secretario de Organización, Pablo Echenique, como el diputado Txema Guijarro, que participaron en la negociación con Hacienda –precedida de las conversaciones entre el presidente Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias–. expresaban no sólo la satisfacción por el acuerdo, sino también las expectativas positivas que desató la reunión, en la que se abordaron todos los asuntos de política económica, “sin tabúes”, subraya Guijarro, donde percibieron la posibilidad de un marco de entendimiento más amplio, esencialmente en mejorar los ingresos del Estado a través de una tributación más alta de las grandes rentas y el mundo empresarial –el acuerdo en torno a la modificación del impuesto de sociedades, cuya rebaja ha supuesto una reducción de casi el 50% de recaudación en 10 años, está casi hecho–, toda vez es problemático que Bruselas autorice una relajación del techo de gasto.
Los trabajos de los equipos económicos del Gobierno y Podemos se desarrollarán a partir de la semana próxima en varias mesas de trabajo que abordarán específicamente la supresión de los reales decretos de sostenibilidad (aprobados por el PP en el 2012 y que afectan a la financiación de Sanidad, Educación y Dependencia), el relajamiento de la regla de gasto para los ayuntamientos y una reforma fiscal.
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