El Ejecutivo sólo pagará la defensa de Llarena si Bélgica entra en la causa del 1-O
Madrid pone condiciones a prestar apoyo al juez por la demanda de Puigdemont
El Gobierno español asumirá la defensa de Pablo Llarena en Bélgica si y sólo si el juez de la corte de Bruselas que debe tramitar la demanda civil interpuesta por Carles Puigdemont contra el juez del Tribunal Supremo español aborda la causa judicial del 1 de octubre que ha instruido el magistrado Llarena.
Si la corte belga no entra en el procedimiento penal contra Puigdemont y el resto de los antiguos miembros del Govern y se limita a dirimir la querella entre el expresident y el juez del Supremo, Llarena tendrá que asumir el coste de su propia defensa en Bélgica, según se desprende de la nota divulgada ayer por el Ministerio de Justicia.
Los abogados del expresidente de la Generalitat y de los exconsellers huidos en aquel país presentaron una demanda civil contra el juez Pablo Llarena. La querella denunciaba unas declaraciones realizadas por el juez fuera de sede judicial, concretamente en Oviedo el pasado mes de febrero. La demanda considera que aquellas declaraciones de Llarena ponían en evidencia la falta de imparcialidad del instructor de la causa del 1 de octubre. En la querella, los demandantes ya advertían que la falta denunciada se produjo “al margen de su función jurisdiccional”.
No obstante, y a pesar de la naturaleza de la demanda de Puigdemont, el juez Llarena pidió a principios de agosto amparo al Consejo General del Poder Judicial, que se lo concedió el pasado 18 de agosto con la única oposición de uno de los vocales de la comisión permanente.
En virtud de este amparo, el Consejo solicitó a los ministerios de Justicia y de Exteriores que colaborasen en la defensa del magistrado. En definitiva, el órgano de gobierno de los jueces pidió al Ejecutivo que se hiciera cargo de la estrategia de defensa del letrado contratando, con recursos del Estado, al equipo de abogados que le representaría el día 4 de septiembre, cuando Llarena ha sido citado ante la corte de Bruselas para dirimir la demanda.
El Consejo argumentaba esta petición de ayuda dirigida al Gobierno en el hecho de que la querella presentada por los abogados de los políticos catalanes huidos de la justicia española era una burda maniobra que lo único que pretendía era “someter las acción”,
tuaciones soberanas del Estado a la jurisdicción de un Estado extranjero”.
Pero, a la vista de lo anunciado ayer por el Ministerio de Justicia, el Gobierno de Pedro Sánchez no lo ve exactamente igual que el Poder Judicial y considera que
mientras se trate de una demanda centrada en lo dicho por Llarena fuera de sede judicial, no tiene por qué intervenir en su defensa. “El Gobierno no puede actuar puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su fun- sostiene la nota informativa difundida por el ministerio.
Ahora bien, la nota advierte categóricamente que si en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por los abogados de Puigdemont “la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en españa contra ellos (Puigdemont y el resto de exconsellers), el Estado se personará”.
El ministerio advierte que “el proceso penal conocido como el procés instruido por el magistrado demandado está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española. Por ese motivo si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas el Gobierno actuará en la medida proporcional”.
La nota del Ministerio de Justicia indica también dónde podría derivar el conflicto en caso de que el Gobierno se viera obligado a intervenir en la causa: en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, donde España podría acudir en
EL CONTEXTO
La demanda contra el magistrado se basa en declaraciones hechas fuera del tribunal
SOBERANÍA
El Ejecutivo actuará si ve la amenazada inmunidad jurisdiccional española
defensa de la inmunidad de jurisdicción que establecen las propias Naciones Unidas.
El amparo que el Consejo General del Poder Judicial dio a Llarena causó disensiones en el seno de este organismo, donde al menos dos vocales se pronunciaron en contra de esa decisión y de que la Administración central se viera involucrada en este contencioso con el nombramiento de un equipo de abogados a cuenta del presupuesto público.
Hace una semana, la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, dio por hecho en una entrevista radiofónica que el Gobierno asumiría los gastos para representar a Pablo Llarena. Sin embargo, desde hace algunos días, las mismas fuentes del Gobierno central se mostraban mucho más prudentes a la hora de garantizar el auxilio al magistrado del Supremo.