Contra el empleo temporal ilegal
UNO de los problemas del mercado laboral español es su precariedad. Se crean muchos contratos, pero la mayoría son temporales, de escasa duración, algunos incluso de horas. Otra práctica que lastra la calidad del mercado de trabajo es la que utilizan muchos empresarios que encadenan de modo irregular contratos temporales, de forma que los trabajadores acumulan más de doce meses de vinculación en un periodo de dieciocho meses, lo cual va más allá de lo que permite la ley.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido poner fin a ese encadenamiento ilegal de contratos y en sólo dos días la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha enviado 22.000 cartas a empresas sospechosas de fraude con sus trabajadores eventuales. Estas notificaciones se suman a otras 50.000 remitidas a primeros de agosto. Ahora tales empresas disponen de un mes para regularizar de manera voluntaria esas situaciones ilegales y convertir esos contratos en indefinidos. De no hacerlo se les abrirá una investigación que puede comportar sanciones y la obligatoriedad de convertir los contratos temporales en fijos.
La posibilidad de poder detectar esas bolsas de fraude es ahora una realidad gracias a un nuevo programa informático apoyado en los datos fiscales y de la Seguridad Social. La intención del Gobierno –enmarcada en el Plan Director para un Trabajo Digno, una lista de 75 medidas que el Gabinete socialista aprobó el 27 de junio– no es tanto sancionar a estas empresas cuanto conminarlas a regularizar los contratos irregulares detectados y reponer sus derechos a los trabajadores afectados.
Durante los últimos años, y pese a la recuperación del mercado laboral en España, el número de contratos temporales no ha dejado de crecer, especialmente en el sector servicios, en que sobresalen los de menos de una semana de duración y los de entre dos y tres meses. El pasado mes de julio, uno de cada cuatro contratos temporales firmados lo era por una semana. La temporalidad es uno de los factores que limita el crecimiento de la economía española puesto que más de un 25% de los asalariados tienen contrato temporal. Un tipo de contratos que, pese a hacer aumentar el número de afiliados a la Seguridad Social, apenas le aporta ingresos debido a la escasa cuantía y tiempo de las cotizaciones.
Cabe congratularse de esta lucha gubernamental contra el uso indebido de contratos temporales para cubrir puestos estables. Sólo si se logra crear empleo estable, indefinido y cada vez de mejor calidad será posible aumentar el crecimiento económico del país y que los trabajadores tengan garantizados todos sus derechos laborales.