El proceso para exhumar a Franco acabará antes de fin de año
El Gobierno aprueba el decreto para modificar la ley de Memoria Histórica
El Gobierno aprobó ayer el decreto ley para cambiar la ley de Memoria Histórica y dar cobertura a la exhumación de Franco. El texto se tramitará ahora en el Congreso como proyecto de ley, y el traslado de los restos del dictador se hará antes de fin de año.
La exhumación de Francisco Franco y su desalojo del Valle de los Caídos se producirá antes de que acabe el año. El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley, para su remisión a las Cortes, por el que se modifica la ley de Memoria Histórica, con una adenda que prohíbe expresamente la presencia honoraria del dictador o de cualquiera que no sea víctima de la Guerra Civil en el mausoleo de Cuelgamuros.
La reforma será tramitada como proyecto de ley, para que el resto de grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas. Los herederos del dictador podrán alegar y en caso de que no quieran hacerse cargo de los restos (tendrán 15 días para pronunciarse), será el Gobierno el que designe un lugar donde repose “con dignidad y respeto” Francisco Franco.
La vigencia del decreto es de doce meses, que es el tiempo máximo que se da el gobierno para su tramitación, pero ayer la vicepresidenta, Carmen Calvo, que compareció en solitario tras el Consejo de Ministros ante una abarrotada sala de prensa, con presencia de medios internacionales, aseguró que no se apurará ese plazo, y que en el peor de los casos la exhumación y traslado se realizarán a finales de año, considerando los plazos de trámites que tienen que realizarse ante la comunidad de Madrid y también el Ayuntamiento de El Escorial.
Respecto a la tramitación urgente del decreto ley, Calvo recordó que la propia iniciativa parlamentaria aprobada en mayo del 2017 exigiendo la exhumación daba carácter urgente a la medida, y que, de cualquier modo, la jurisprudencia del Constitucional atribuye al Gobierno la evaluación de la urgencia. Es urgente porque ya es tarde, sintetizó Calvo y, en último término, subrayó –sin mencionarlos– que la posición de rigorismo formal de PP y Ciudadanos está operando como una coartada para evitar pronunciarse sobre el fondo del asunto: “Quien no quiere ver la urgencia no la ve. Todo los demás son vueltas formales para parapetarse en sus últimas convicciones sobre el asunto”. Traducido: la vicepresidenta sugiere que el PP y Ciudadanos quieren evitar pronunciarse contra el mausoleo de Francisco Franco para no molestar a los sectores más ultramontanos de su electorado.
Calvo admitió la culpa de anteriores gobiernos socialistas (y populares) por no haber acabado con esta situación, “impropia de una democracia madura”, y por
eso mismo señaló que de forma consecuente, el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere hacer lo mismo. Se amparó en la proposición no de ley del 2017 pero también en los dictámenes de la ONU que desde el 2014 viene reclamando a España que ponga fin a la existencia de un monumento a mayor gloria de una dictadura fascista, así como en el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica, que aunque en su redacción original no indicaba nada sobre los restos de Francisco Franco, sí prohibía expresamente que el Valle de los Caídos acogiera “exaltaciones franquistas”, y la presencia de la sepultura de Franco en lugar preeminente es una exaltación en sí misma. Una democracia es incompatible, dijo Calvo, con “un monumento a un dictador”.
Al Gobierno se le vio ayer muy convencido de que esta batalla política sólo puede ganarla. En los dos terrenos: en el efectivo del traslado (a pesar de lo que obsten los Franco y aunque el Partido Popular decida acudir al Tribunal Constitucional), y ante la opinión pública española, que en buena medida vive la glorificación de la dictadura como una anomalía en una democracia occidental. Tampoco cree que se vaya a topar con problemas con la Iglesia, bien a pesar de que la institución religiosa siempre ha pedido que el traslado se haga con el acuerdo del Gobierno y de la familia. “Nos vamos a mover donde se tiene que mover un Gobierno, en el respeto de los acuerdos con la Iglesia Católica, de los acuerdos con la Santa Sede”, fue la única frase al respecto de Carmen Calvo. La invocación a Roma, da idea de hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo de Pedro Sánchez si la abadía o la diócesis deciden poner obstáculos al traslado de los restos. En las relaciones Iglesia-Estado hay ahora mismo hay un elefante en la habitación potencialmente explosivo: la publicación anunciada por el Ejecutivo de las 40.000 inmatriculaciones de bienes inmuebles que la Iglesia hizo a raíz de una ventana legal que abrió el Gobierno de José María Aznar en el 2003 y que ha multiplicado el patrimonio de la iglesia española.
Con la tramitación en forma de proyecto de ley, que permite las alegaciones, el PSOE quiere garantizarse el apoyo de todos los grupos que votaron favorablemente en el 2017 (salvo Ciudadanos, que sopesa abstenerse), e incluso la incorporación al consenso de ERC, que en aquel momento se abstuvo en tanto no se abordara la anulación de las sentencias del franquismo y ayer confirmaba, a través de su portavoz, Joan Tardà, su posición favorable. También el PDECat se ha pronunciado a favor.
El Gobierno ya ha dicho que es partidario de acometer una reforma más en profundidad de la ley de Memoria en la que Unidos Podemos y Esquerra tienen mucho interés en ser protagonistas. “En materia de Memoria Histórica hay muchísimo por hacer”, dijo la vicepresidenta. Entre otras cosas, resolver si el mausoleo del Valle de los Caídos se convierte en un museo del horror, a la manera de los campos de exterminio nazis, como quiere un sector del PSOE y Unidos Podemos, o en un espacio “de reconciliación”, al estilo los cementerios de héroes, como quiere Ciudadanos.
Ayer, el portavoz del grupo del PNV, Aitor Esteban, ofrecía a todos ellos una solución mucho más simple: “Si por mí fuera, lo demolería”.
El Gobierno dice que se atendrá a los acuerdos con la Santa Sede para gestionar la exhumación