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La exhumación de Francisco Franco y el descenso de las pernoctaciones hoteleras, especialmente en Barcelona.
EL Gobierno puso ayer en marcha el mecanismo legal para sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Para blindar su decisión aprobó en Consejo de Ministros un decreto ley, a convalidar por el Congreso, que ampara jurídicamente la exhumación de los restos del dictador mediante una modificación puntual de la ley de Memoria Histórica prohibiendo la presencia en el Valle de quienes no murieron en la Guerra Civil. Una vez convalidado el decreto ley se tramitará como proyecto de ley y luego se llevará a cabo la exhumación.
El Gobierno dará 15 días a la familia para que exprese adónde quiere trasladar los restos. De no pronunciarse será el Ejecutivo el que decidirá un lugar “digno y respetuoso” para depositarlos. La intención del Gobierno es llevar a cabo una exhumación discreta y que todo el proceso esté concluido antes de fin de año. Con la fórmula del decreto ley se evitan litigios judiciales por parte de la familia, que se niega a la exhumación y que será escuchada durante el proceso. De este modo, 43 años después de la muerte de Franco el monumento faraónico erigido para glorificar su victoria en la Guerra Civil dejará de acoger sus restos.
El Gobierno está convencido de sacar adelante sin problemas la votación en el Congreso porque sólo necesita mayoría simple y tiene los votos de Podemos, PDECat, ERC –con los que ha pactado modificar la ley de Memoria Histórica para incluir la anulación de los juicios del franquismo– y del PNV. Aparte de por pura coyuntura política y para no tener que manifestarse abiertamente sobre el tema, resulta difícil de entender la oposición del PP y de Ciudadanos, especialmente porque los populares se abstuvieron hace un año en la votación de una propuesta de ley del PSOE para trasladar los restos fuera de Cuelgamuros, y los diputados de Cs votaron a favor. Ahora el PP recurrirá el decreto al Constitucional y Ciudadanos se abstendrá.
El Valle de los Caídos debería ser un lugar de respeto a todas las víctimas allí enterradas. La idea de democratizar el monumento viene de lejos y ya los gobiernos de Suárez y González formaron sendas comisiones que fracasaron. En la época Zapatero un comité de doce expertos propuso trasladar los restos de Franco y hacer del lugar un museo de la memoria. Muchos defienden convertirlo en un monumento a la reconciliación pero otros ven difícil lograrlo, porque fue concebido con otros fines y porque en su estado actual sigue arrastrando una carga franquista. Muchos de los 33.000 cuerpos sepultados son de republicanos enterradosallísinsuconsentimientonieldesusfamilias.Irónicamente Franco, a diferencia de Primo de Rivera, no murió en la Guerra Civil y por eso él mismo se autoexcluyó de ser inhumado en el Valle de los Caídos. Nunca dijo qué había que hacer con sus restos.
Sin duda dignificar y democratizar un mausoleo pensado para exaltar el régimen franquista no será tarea sencilla. Darle un nuevo significado requerirá consenso, diálogo y tolerancia. Se han hecho propuestas de todo tipo, desde demolerlo hasta usarlo como museo de la Guerra Civil o museo del horror a semejanza de Auschwitz –no olvidemos que fue construido con mano de obra esclava– o, como propone Ciudadanos, convertirlo en un cementerio nacional como el de Arlington, en Estados Unidos.
El Valle de los Caídos debe ser un símbolo de recuerdo, conmemoración y homenaje a todas las víctimas de la Guerra Civil. La decisión del Gobierno puede que sea simbólica o un golpe de efecto, pero también es histórica porque un Estado democrático no puede tolerar formas de exaltación de una dictadura.