Inmigrantes expulsados
Abogados de Ceuta presentan recurso contra una decisión que se les “ocultó expresamente”
El Gobierno defendió ayer la expulsión de los 116 subsaharianos que habían saltado la valla de Ceuta “por la inaceptable violencia utilizada”.
El Gobierno de Pedro Sánchez defendió ayer la decisión de expulsar inmediatamente a los 116 subsaharianos que habían saltado la valla de Ceuta el día anterior “por la inaceptable violencia utilizada”. “Las condiciones de violencia y el riesgo para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado” no son tolerables, señaló la vicepresidenta Carmen Calvo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.
Calvo confirmó que se ha procedido a “activar” un acuerdo bilateral firmado con Marruecos en el año 1992, que hasta ahora apenas se había utilizado en devoluciones colectivas, “para no consentir de ninguna manera la inseguridad de las fronteras, ni el riesgo de los agentes que están allí”. La intención de utilizar ese acuerdo surgió a finales de julio cuando otros 602 inmigrantes llegaron a Ceuta utilizando el mismo arsenal que el pasado miércoles: cal viva, ácido de baterías, garfios, o bombas de heces, aunque entonces Marruecos no aceptó la devolución exprés.
La delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, señalaba que la devolución exprés del jueves es una “advertencia” para evitar que se puedan suceder estos saltos violentos, que amenazan con acabar en alguna tragedia, “de mayor importancia que las que se han producido hasta ahora”. Mateos niega que exista un cambio en la política migratoria y destacó las diferencias entre quienes entran por mar y los que saltan la valla. “Los salvamentos en alta mar son una obligación que marca la legislación internacional y que obliga a trasladar a estas personas al puerto más cercano, mientras que en el caso de los inmigrantes que entraron en Ceuta el pasado miércoles lo hicieron utilizando una violencia inusitada”.
Las reacciones a la inesperada reacción del Gobierno de Pedro Sánchez se suceden en todos los sentidos. Si todas las asociaciones y representantes de la Guardia Civil aplaudieron de manera unánime la decisión, e incluso exigen que se actúe siempre así e incluso con mayor dureza, los doce abogados del turno de oficio de Ceuta que prestaron asistencia legal a los más de cien subsaharianos devueltos a Marruecos se sienten engañados.
Todos ellos han acordado presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Interior después de que los inmigrantes manifestaran ante los letrados su negativa a esa devolución. Y se plantean la posibilidad de emprender otras medidas.
“En ningún momento los abogados supieron oficialmente que esos inmigrantes iban a ser entregados a Marruecos. Se ocultó deliberadamente ese hecho”, señala Isabel Valriberas, decana del colegio de abogados de Ceuta. José Luis Pizarro, miembro de la Junta de gobierno de los abogados de Ceuta, añade que “vamos a insistir a los abogados para que recurran las devoluciones”.
Pizarro señala que la asistencia letrada que recibieron estos 116 migrantes fue “para cubrir el trámite” y para que “de cara a la legislación internacional” no se pueda acusar a España de vulnerar los derechos de los migrantes por no ofrecer dicha asistencia.