El lazo amarillo: un símbolo global con muchos significados más allá de los presos.
La libertad de expresión ampara poner y quitar símbolos en la calle, pero el espacio público ha de usarse con sensatez
La polémica alrededor de los lazos amarillos es la última expresión de la división política que vive Catalunya. En la calle y en las instituciones, ambos bandos, partidarios y detractores, apelan a la libertad para defender sus acciones en la calle, mientras la controversia aumenta hasta el punto de tener que tratar el tema en la Junta de Seguridad que se celebrará en dos semanas.
Que el espacio público pertenece a todos y es una vía de reivindicación y cruce de ideas está asumido. Las pintadas y demás manifestaciones políticas en la calle han existido siempre con mayor o menor intensidad.
La visión polémica de los lazos “está relacionado con la coyuntura política actual, donde los políticos han situado como tema prioritario la afirmación de una identidad: catalana o española”, subraya Salvador Martí, profesor de Ciencia política en la Universitat de Girona e investigador del Cidob.
El debate identitario tiene una gran carga emotiva y potencial de movilización, continúa Martí, de modo que da “poco espacio a los matices”. “Esto puede ser problemático en una sociedad como la catalana, muy plural. Hay muchos pueblos, no sólo uno”.
Los incidentes en la calle han sido menores de momento, pero han existido. Algunos ciudadanos se han peleado cuando un grupo ha intentado poner o retirar lazos o poner cruces amarillas de una playa o quitarlas. Incluso el Parlament ha sido escenario de rifirrafes muy poco edificantes entre diputados que ponían y quitaban lazos de los escaños.
En esta tesitura el president de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado de “grupos fascistas” a personas que retiran estos símbolos, según él de forma violenta. La fiscal general del Estado, María José Segarra, entiende que ambas acciones están amparadas por la libertad de expresión y no son delito siempre que se produzcan de forma pacífica.
“No todo lo que nos puede parecer de mal gusto o moralmente reprobable es punible desde el punto de vista penal o administrativo”, señala en este sentido Mar Aguilera, profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona. El uso del espacio público está regulado por las diferentes ordenanzas municipales de cada localidad y en leyes a las que se acogió la Conselleria d’Interior para que los Mossos investiguen a 14 personas que retiraron lazos en el sur de Tarragona acusados de haber dañado el mobiliario público. Entre ellos, según la denuncia, un guardia civil.
“El espacio público también se rige por el marco constitucional y estatutario”, recuerda Aguilera, de modo que la administración ha de garantizar “unos derechos fundamentales, como el de seguridad, libertad de circulación y libertad de expresión”. Según esta profesora de Derecho Constitucional tanto poner como quitar lazos forman parte de la libertad de expresión siempre que no impliquen violencia. Sí considera que para salvaguardar este derecho a la libertad de expresión las instituciones no pueden actuar de forma arbitraria. La idea es simple: “Si se prohíbe una bandera, las has de prohibir todas”.
Esta neutralidad resulta imprescindible para que todo el mundo exprese libremente sus preferencias, apunta José Luis Martí, profesor de Filosofía del Derecho en la UPF. Los poderes públicos “no pueden tener ningún tipo de preferencia hacia ningún símbolo o acción política” que se desarrolle en la calle. Es el modo de garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas opciones de expresarse “y poner o quitar los símbolos que quieran, pero siempre de una forma ordenada y razonable que permita que todos se sientan cómodos en este espacio público”, sin entrar en una guerra de símbolos.
José Ortega y Gasset escribía hace más de 90 años que la civilización es, antes que nada, voluntad de convivencia: “Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás”. Por eso la libertad no es ilimitada, ni para poner ni para quitar.
El problema llega cuando se acude a los tribunales para dirimir situaciones “que deberían resolverse mediante el sentido común y el respeto”, sugiere Mar Aguilera. “El Derecho no lo puede regular todo”, añade. Salvador Martí se pregunta en este sentido “a dónde lleva” el hecho de poner y quitar símbolos de forma reiterada, “con tozudez y ánimos de venganza”. “Esto es infantil y no conduce a ningún sitio”, responde acto seguido.
En dos semanas el presidente de la Generalitat y el ministro del Interior tendrán la oportunidad de apaciguar la controversia en la Junta de Seguridad. Veremos si la aprovechan.
Sobre el papel los poderes públicos no deberían exhibir su apoyo hacia mensajes políticos concretos