La decisión de Justicia de no defender a Llarena molesta a algunos jueces
El Gobierno estima que el amparo del magistrado corresponde al Poder Judicial
La decisión del Ministerio de Justicia de no cubrir en primera instancia los gastos de la defensa del magistrado Pablo Llarena ante la justicia belga ha provocado malestar entre algunos jueces. La expresión más contundente de este enfado la expresó la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que reclama a la ministra de Justicia que asuma la defensa del instructor de la causa del 1-O “sin reservas ni cautelas”. Llarena presidió durante algunos años esta asociación, la mayoritaria entre los jueces españoles.
El expresidente de la Generalitat presentó ante la justicia belga una demanda civil contra el juez Pablo Llarena al que acusa de falta de neutralidad. Puigdemont basa esta demanda en unas declaraciones que el juez realizó fuera de la sede judicial, concretamente en Oviedo. En esas declaraciones Llarena daba por probados los delitos de los que han sido acusados Puigdemont y otros miembros de su gobierno a pesar de que en aquel momento la instrucción no estaba cerrada. Estas afirmaciones llevaron a los abogados de Puigdemont a considerar que el juez carecía de imparcialidad.
El próximo día 4 Pablo Llarena debe comparecer ante la justicia belga en relación con esta demanda. El Ministerio de Justicia anunció el jueves, en contra de lo que el 18 de agosto solicitó la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, que a priori no asumirá la defensa del magistrado ante la demanda civil interpuesta por Puigdemont y sónía lo intervendrá si el juez belga utiliza datos o entra en consideraciones sobre el procedimiento sobre el 1 de octubre instruido por Llarena.
Mientras la justicia belga no entre a evaluar el procedimiento desarrollado en España contra los políticos catalanes, la demanda de Puigdemont es, a criterio del Ministerio de Justicia un asunto particular entre el expresident y Llarena y en consecuencia carece de sentido que el Gobierno deba utilizar recursos públicos en su defensa legal.
La Asociación Profesional de la Magistratura expresó ayer su “profunda oposición a esa lectura y a esas hipotéticas cautelas a la hora de enfocar la defensa de este asunto. Se debe actuar sin reservas porque se trata de defender no sólo a Llarena sino a la sobera- española”. En opinión de un portavoz de la AMP recogidas por Europa Press “no existen declaraciones privadas, la demanda (de Puigdemont) trata de desautorizar por medios muy diversos la actuación del instructor, y a través de este cauce, no se persigue otra cosa que desautorizar el propio proceso en su conjunto”.
Por ello, la APM insta al Ministerio de Justicia a ejercer “una clara y abierta defensa de la jurisdicción española” y se dé cumplimiento a las medidas que se la han solicitado desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al estimar la petición de amparo promovida por el propio Llarena.
Por otra parte, los jueces de la APM piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte las medidas necesarias para materializar la declaración de amparo la pasada semana asegurando su defensa en caso de “inacción del Gobierno”.
Finalmente, y en el caso de no adoptarse las medidas necesarias “para salvaguardar la independencia judicial y la inmunidad jurisdiccional de España”, la APM anuncia valorará la adopción de “las medidas oportunas para suplir la inacción e interesar la depuración de las responsabilidades penales y administrativas en que se hubiera podido incurrir por dicha pasividad”.
En el Tribunal Supremo, según fuentes no identificadas consultadas por Europa Press, el malestar con el Ministerio de Justicia también era considerable tras conocer la noticia de que Justicia no asumiría los costes de la defensa. Estas fuentes aseguraban que Pablo Llarena había quedado “vendido” ante la negativa del Gobierno.
El magistrado o un representante suyo está obligado a comparecer ante el juez belga y por lo tanto Llarena se verá obligado a contratar a un equipo legal que lleve su causa al menos en los primeros compases del procedimiento.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ciñó al guion del Ministerio de Justicia en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros. En su opinión, quien debería amparar a Llarena es el poder judicial y no el Ejecutivo. Dicho lo cual insistió en que el Gobierno lo que sí va a hacer, llegado el caso, cuando la demanda sea admitida, será “defender la soberanía jurisdiccional de España”. Es decir, indicarle a la justicia belga “que no se puede inmiscuir en procedimientos” del espacio propio español, “que debe ser inmune”.
VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Calvo cree que el Ejecutivo sí debe proteger la inmunidad de la justicia española
PROTESTA
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