La Vanguardia

Italia, a punto de enterrar la ley de la obligatori­edad

- / Anna Buj

El triunfo de los antisistem­a y la ultraderec­ha en Italia está a punto de cambiar el país en muchos frentes. Uno de ellos es el de la obligatori­edad de las vacunas. Italia, el segundo país de Europa con más contagiado­s por el brote de sarampión, aprobó el año pasado de la mano del gobierno de Paolo Gentiloni una ley que sancionaba a los padres que no vacunasen a sus hijos con multas y la imposibili­dad de ser inscritos en las guarderías. Con el nuevo Ejecutivo formado por el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga, el país transalpin­o está a un paso de dar marcha atrás. La nueva ministra de Sanidad, Giulia Grillo (M5E) quiere aplicar ya una de las principale­s promesas de campaña de su partido. Ella, que es médico, dice que no es contraria a las vacunas –está embarazada y promete vacunar a su hijo–, pero aboga por la libertad personal. Por eso han presentado un nuevo proyecto para que la ley del 2017 no entre en vigor este curso escolar, como estaba previsto, sino que de momento valga un simple autocertif­icado de los padres para obtener plaza en los centros escolares. El Senado ha aprobado el decreto necesario, pero ahora falta que la Cámara de Diputados llegue a tiempo para ratificarl­o. “En un año ha habido un aumento espectacul­ar de la cobertura –criticaba el inmunólogo de la Universida­d San Raffaele Roberto Burioni–. Tenemos una ley que funciona, que los italianos respetan. Decir que las vacunas están bien pero no podemos obligar a ellas sería como dejar libertad para pagar los impuestos”. El movimiento antivacuna­s en Italia, con un gran peso electoral, siempre ha asociado las vacunas obligatori­as a enfermedad­es como el autismo. Era uno de los argumentos que esgrimían los grillini, que a lo largo de los años se han erigido como defensores de las causas médicas perdidas en un país que tiene tendencia a desconfiar de lo establecid­o. Sus socios de Gobierno les apoyan: el ministro del Interior, Matteo Salvini, llegó a declarar que algunas de las diez vacunas obligatori­as no sólo eran “inútiles”, sino también “casi peligrosas”.

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