El Gobierno ya busca abogado para Llarena en Bruselas
La Moncloa reacciona después de las duras críticas de jueces y fiscales Puigdemont pide al juez belga que revise la causa del Supremo
Una nota de la Presidencia del Gobierno trató de apaciguar ayer domingo el creciente enfado de jueces y magistrados por la negativa del Ejecutivo a intervenir en la causa que se puede abrir el próximo día 4 contra el juez Llarena en un juzgado de Bruselas.
La nota asegura literalmente que el Gobierno ha iniciado los “mecanismos necesarios para la defensa de la soberanía jurisdiccional española y del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena”.
Un redactado bien distinto del que el pasado jueves emitió el Ministerio de Justicia y en el que se afirmaba, de nuevo literalmente, que el Gobierno no asumiría “en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se la atribuyen” en demanda presentada por los abogados de Carles Puigdemont y de los exconsellers fugados de la justicia española en Bruselas.
Qué ha cambiado entre el jueves y el domingo. El anuncio del Ministerio de Justicia creó un considerable malestar entre la magistratura que fue creciendo como una bola de nieve. Al Gobierno no le ha quedado más remedio que actuar con menos rigor y con más visión política y admitir que aunque la demanda de Puigdemont es a título personal contra el juez y por unas declaraciones hechas en una actividad privada, el verdadero propósito de los abogados del expresident es dinamitar ante los tribunales internacionales el procedimiento del Tribunal Supremo contra los exmiembros del Govern.
En la demanda civil interpuesta contra Pablo Llarena en Bélgica le piden expresamente al juez instructor de Bruselas que tenga en cuenta la causa contra el 1-O, a la hora de decidir si condena o no al magistrado del Tribunal Supremo.
La denuncia –a la que ha tenido acceso La Vanguardia– se basa en formalmente en las palabras que Llarena pronunció en una entrevista y en un acto en público en Oviedo el pasado mes de febrero. Es decir “fuera de sus funciones jurisdiccionales” y que según los líderes independentistas atenta contra su honor y viola su presunción de inocencia. Exigen que se condene al magistrado al pago simbólico de 1 euro.
Pero para reforzar los argumentos de la supuesta falta de imparcialidad de Llarena, creen que “los numerosos autos y decisiones judiciales que ha tomado durante los últimos meses reflejan un claro mensaje que debe servir de telón de fondo de la presente demanda”, según se recoge en el escrito.
“El objeto (...) no es ver al juez civil belga pronunciarse a priori sobre el fundamento de la acción penal en curso en España. Sin embargo, es esencial no olvidar este contexto político y de represión judicial, en el momento de evaluar la falta civil”.
De hecho, la demanda apunta incluso a lo más alto, contra el propio Estado, al decir que “desde hace bastantes años, los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales”, Y acusan al “sistema judicial español” de haber sido “hasta el momento incapaz de tratar la cuestión catalana de manera imparcial” y en concreto al juez Pablo Llarena, por ser el magistrado que “lleva principalmente la investigación penal” contra el procés.
La demanda recoge los principales acontecimientos políticos ocurridos en Catalunya desde las elecciones del 27 de octubre del 2015, cuando las fuerzas independentistas lograron por primera vez la mayoría absoluta en el Parlament, para convencer a la justicia belga de que desde entonces, los partidos vencedores se han limitado a intentar “aplicar su programa electoral”.
Menciona lo sucedido en la Cámara catalana los pasados 6 y 8 de setiembre, cuando se aprobaron las leyes de desconexión, basadas “en el derecho consuetudianrio, que confiere a los pueblos el derecho a la autodeterminación”. Se hace referencia a las detenciones en la Conselleria de Economia del 20 de septiembre y por supuesto, a la declaración de independencia el 27 de octubre del año pasado y cómo el Gobierno español intentó impedirlo, enviando “entre 5.000 y 8.000 guardias civiles”.
Pero los argumentos más potentes
CAMBIO DE POSICIÓN Presidencia rectifica a Justicia que dijo que “en ningún caso” aceptaría socorrer al magistrado
QUERELLA EN BRUSELAS
La demanda del expresident cuestiona toda la instrucción del Tribunal Supremo
corresponden al relato de los hechos posteriores a las últimos comicios del 21 de diciembre. “Tras esas elecciones, empieza un pulso entre el juez Llarena y el Parlament de Catalunya”, porque “ha impedido en cuatro ocasiones la investidura del presidente elegido por el Parlamento catalán, es decir, sucesivamente: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull”. Se pone especial hincapié en la negativa del Supremo a la investidura del expresidente de la ANC, de quién, asegura, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció su derecho a “ejercer una función política”, porque “constituye un derecho fundamental”. El rechazo a que saliera de la cárcel, dicen los demandantes, pone a “España al lado de Kazajistán, entre los estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales”.
En definitiva, lo que le piden Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí al juez belga interponiendo esta demanda civil es que tenga en cuenta que el objetivo de Pablo Llarena es “combatir” el “proyecto político” independentista “y no las infracciones penales” que “supuestamente se habrían cometido”.