Un curso político complicado

EL Gobierno de Quim Torra ha traspasado los cien días y el de Pedro Sánchez se acerca a ese hito. En este tiempo, los dos se han emplazado al diálogo e incluso mantuvieron un encuentro que se repetirá en otoño, cuando Sánchez irá al Palau de la Generalitat, guiño impensable con Rajoy. La tensión institucional ha bajado unos decibelios. Pero el futuro se presenta adverso.

Sánchez está decidido a desplegar gestos de distensión. Acometió el traslado de los líderes independentistas a cárceles catalanas, ha convocado la comisión bilateral, ha dado luz verde a la integración de los Mossos en el centro antiterrorista, ha aceptado cambiar los créditos de corto a largo plazo para aliviar el déficit (algo que ya reclamaba Junqueras) o ha evitado el recurso a los tribunales. Sánchez esperaba que la Generalitat diera pasos en ese sentido, pero contempla con disgusto que el relato del president Torra sigue siendo el de “implantar la república” y no descartar la unilateralidad. Por el otro lado, el independentismo reprocha a Sánchez que aún no se hayan retirado leyes recurridas al Constitucional por el PP (pendiente de la comisión bilateral de diciembre), que se impugnen las oficinas en el exterior y Torra le afea que no atajen las “agresiones fascistas” de sus cuerpos policiales.

Sin embargo, por encima de esas cuestiones persisten dos impedimentos esenciales. El primero es el juicio a los dirigentes encarcelados. El independentismo que lidera Carles Puigdemont ha llegado a la conclusión de que el Supremo no reculará y la sentencia será dura, por lo que no ve motivos para reducir la tensión, salvo un giro radical de la Fiscalía, que después de la reacción judicial por el caso Llarena aún parece más improbable. Y, en segundo lugar, para Puigdemont sólo hay una disyuntiva: referéndum pactado o república por la vía de los hechos, lo que conduce a un periodo de desestabilización.

Conclusión: el curso político que empieza será tan complicado como el anterior.