La Fiscalía controlará a los Mossos en el pulso de los lazos
Las identificaciones de personas que retiraban símbolos serán investigadas El presidente de la Generalitat se muestra contrario a la iniciativa
La Fiscalía Superior de Catalunya supervisará a partir de ahora todas las actuaciones que realicen los Mossos d’Esquadra contra las personas que retiren lazos amarillos. En un oficio remitido ayer, el fiscal jefe en funciones, Pedro Ariche, solicitó a la jefatura de la policía catalana que le mantenga informado sobre aquellas actuaciones que se lleven a cabo por parte de los agentes ante “eventuales actuaciones de retirada de simbología partidista o reivindicativa en la vía pública por parte de particulares”.
La Fiscalía catalana despliega un marcaje en corto a los Mossos después de los dos últimos episodios en que se identificaron a personas que arrancaban o alteraban los lazos que reclaman la libertad de los presos independentistas.
La Fiscalía quiere saber si la conselleria de Interior difundió una instrucción para que los agentes de los Mossos sancionen a las personas que descuelgan lazos amarillos de la vía pública y conocer con qué base legal se sustenta dicha orden.
En un decreto firmado por el fiscal solicita al cuerpo policial que le informe sobre “las pautas o los criterios de actuación” que se han seguido hasta ahora.
Según fuentes del Departament el conseller de Interior, Miquel Buch ordenó a los Mossos que persiguieran a las personas que retiraran los lazos amarillos y los identificaran siempre que hubiera denuncia previa o mala praxis.
Las intenciones del Govern de sancionar a quienes retiraran los lazos amarillos quedó plasmado en un artículo del president Quim Torra en el que instaba a los Mossos a incluir “medidas preventivas y de detección precoz” para frenar los “brotes fascistas”, en referencia a “grupos de individuos agresivos que atemorizan los activistas por la libertad de los presos políticos”.
Bajo esta premisa, los Mossos d’Esquadra actuaron de forma preventiva el pasado 18 de agosto cuando identificaron a catorce personas que se disponían a retirar lazos de las localidades de Móra la Nova, Tivissa y Vandellós. Estas personas, entre las cuales había presuntamente un agente de la Guardia Civil, fueron interceptadas en un vehículo, pertrechadas con palos y frontales de luz para arrancar lazos amarillos de las calles.
La intervención policial fue denunciada por la entidad Impulso Ciudadano que preside el exdiputado de Ciudadanos José Domingo al entender que las identificaciones podrían ser “arbitrarias, carentes de fundamento legal y discriminatorias por razón de ideología”.
A estos hechos se añadió la actuación que llevó a cabo la policía local de l’Ametlla de Mar el último fin de semana cuando fueron identificadas ocho personas, entre las cuales el columnista Arcadi Espada, por pintar sobre un lazo colocado por el Ayuntamiento.
A raíz de estos dos episodios, la Fiscalía Superior anunció ayer que investigará a los agentes que llevaron a cabo las identificaciones y solicitó al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, que le haga llegar un informe en un plazo máximo de 15 días en el que se detalle “el número de carnet profesional de los agentes que actuaron y los motivos concretos que llevaron a la intervención realizada, las diligencias practicadas”. Asimismo también dirigió una orden al alcalde de l’Ametlla de Mar para qué explique la intervención de la policía local.
La recién nombrada nueva Fiscal General del Estado, Maria José Segarra aseguró la pasada semana en unas declaraciones que no era delito ni poner lazos ni quitarlos y quedaba circunscrito al ejercicio de la libertad de expresión.
Sin embargo, el teniente fiscal Pedro Ariche – firmante de la orden de ayer– se mostró mucho más estricto al tomar posesión de su cargo. A principios de verano y en plena polémica por la plantación de cruces amarillas en las playas emplazó a los Mossos a “evitar la ocupación de manera irregular del espacio público por motivos políticos”.
El acalorado debate en torno a los lazos y los símbolos políticos en la vía pública llevó a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, a sugerir el pasado viernes que en la próxima Junta de Seguridad de Catalunya se aborde la cuestión.
En respuesta, el conseller de Interior Miquel Buch remitió una carta al ministro en la cual subraya que “la seguridad ciudadana y el orden público son competencia exclusiva de la Generalitat” e insistía en la necesidad de que “se depuren responsabilidades de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado que se han visto presuntamente involucrados en situaciones de conflicto”. Buch, de todos modos no negó la posibilidad de abordar la cuestión en la Junta.
Desde Waterloo, donde viajó ayer para ver a su mentor, el president de la Generalitat mostró su malestar por esta investigación.
La delegada del Gobierno Teresa Cunillera, también por carta, instó al president a aislar aquellas actuaciones que puedan erosionar la convivencia, “vengan de donde vengan”.
Ciudadanos ha convocado para mañana una manifestación contra la agresión a una mujer en el parque de la Ciutadella en la convicción de que la agresión está relacionada con lo lazos amarillos. El PSC reprochó que haya partidos que quieran sacar réditos de la tensión.
A ENTREGAR EN 15 DÍAS
La policía deberá entregar un informe sobre las pautas de actuación de los agentes
DESDE WATERLOO
El president de la Generalitat rechaza la investigación ordenada por el fiscal