Aung San Suu Kyi
JEFA DE GOBIERNO DE BIRMANIA
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace cómplice a la premio Nobel de la Paz, como máxima autoridad civil de Birmania, del genocidio cometido por la cúpula militar contra la minoría musulmana rohinyá.
Se sabía pero hacía falta un declaración oficial, que se produjo por fin ayer. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas habló de “genocidio” en Birmania. En más de una ocasión, el comisario de Derechos Humanos, el diplomático jordano Zeid Rad al Husein (que próximamente cederá el puesto a la chilena Michelle Bachelet), dijo que Birmania era “un caso de libro de limpieza étnica”. Ahora, el recién presentado informe de una comisión de investigación del Consejo determina que hubo “intento de genocidio” contra la minoría musulmana rohinyá. Es la primera vez en un cuarto de siglo que la ONU utiliza este concepto, que está tipificado y que implica premeditación y planificación. No lo hacía desde los casos de Ruanda (1994) y Bosnia (masacre de Srebrenica, 1995).
La investigación considera que al menos seis miembros de la cúpula militar birmana (aunque tiene más nombres en lista), empezando por su comandante en jefe, el general Min Aung Hlaing, deberían comparecer ante la Corte Penal Internacional o un tribunal especial para responder por homicidios, asesinato de niños, violaciones sistemáticas, esclavismo, incendios y destrucción de cientos de localidades...
Todo esto ocurrió en el estado birmano de Rajine, de donde 700.000 rohinyás huyeron hacia Bangladesh, que acoge ya un millón de refugiados de esta minoría. El Gobierno de la llamada república de Myanmar no reconoce a los rohinyá como birmanos aunque están asentados en el país desde hace siglos. En 1982, una ley les convirtió en apátridas, afirmando que no son naturales del país sino inmigrantes de lo que hoy es Bangladesh. Se trata de la única de las 134 etnias de Birmania que no es reconocida.
Es destacable el hecho de que la comisión de investigación empezó a trabajar en marzo del 2017, casi seis meses antes de las masacres de Rajine, en las que habrían muerto 10.000 personas. A la ONU no se le permitió –como a ninguna otra organización– el acceso a Rajine, por lo que los testimonios han sido recogidos en campos de refugiados. Dos periodistas de la agencia Reuters permanecen en prisión desde diciembre por haber investigado una matanza perpetrada por soldados, policías y monjes budistas.
El éxodo rohinyá –hacia Bangladesh, Tailandia, Indonesia, Malasia...– comenzó en el 2012. Unas 150.000 personas fueron encerradas en una docena de guetos más parecidos a campos de concentración, según imágenes que divulgó el canal Al Yazira. Al cabo de dos años se encontraban ya al borde de “un proceso genocida” que “ha sido or-
LA NOBEL DE LA PAZ
Aung San Suu Kyi “no usó su posición como jefa de Gobierno ni su autoridad moral”
SEIS NOMBRES PRINCIPALES La investigación acusa a la cúpula militar de esclavismo, incendios, violaciones y asesinatos
questado al más alto nivel del Estado”, según concluyó una investigación de la Universidad Queen Mary de Londres abundando en las advertencias de Aministía Internacional, Human Rights Watch y el relator de la ONU para Birmania del 2008 al 2014, Tomás Ojea Quintana.
Ahora, el informe del Consejo de Derechos Humanos habla de crímenes de “extrema brutalidad” y denuncia la actitud cuando menos pasiva de la Dama de Birmania, Aung San Suu Kyi, quien no usó su “posición como jefa de gobierno ni su autoridad moral para detener o impedir lo que estaba ocurriendo, o buscar vías alternativas para asumir la responsabilidad de proteger a la población civil”. La antigua disidente recibió el Nobel de la Paz en 1991 y el año pasado por estas fechas numerosas voces internacionales clamaron por que se le retirara el galardón. La Dama nunca reconoció el “problema” rohinyá, ni siquiera cuando se lo pidió el Dalai Lama.
La autoridad civil que representa Aung San, bien al contrario, “ha difundido narrativas falsas”, dice el informe, ha negado la actuación de la cúpula militar , “ha bloqueado las investigaciones independientes”, incluida la de la ONU, y “ha supervisado la destrucción de pruebas”. “A través de sus actos y omisiones, las autoridades civiles han contribuido a la comisión de crímenes atroces”.
Hay un par de aspectos reseñables en estas acusaciones: el bloqueo a las investigaciones y la narrativa oficial. La relatora de la ONU para Birmania, la surcoreana Yanghee Lee, fue vetada e incluso insultada. El monje budista Wirathu, un influyente ultranacionalista, se refirió a ella como “esa puta” cuando estaba en visita oficial en enero del 2015. En noviembre del 2016, cuando se contaban ya 300.000 refugiados, no se permitió el acceso de la relatora a las zonas afectadas.
Yanghee Lee también señaló el uso de Facebook (“En ese país “todo se hace a través de Facebook”, afirmó) para diseminar mensajes de odio. El jefe de la investigación de la ONU, el indonesio Marzuki Darusman, ya lo advirtió públicamente, y finalmente en el informe se señala que la red social ha sido un instrumento para diseminar la “retórica del odio”, “en un contexto en el que, para muchos usuarios, Facebook es internet”. En Birmania, con 51 millones de habitantes, hay 18 millones de cuentas de FB. Facebook, que siempre dio respuestas vagas cuando se denunciaron los mensajes de odio del monje Wirathu, ha accedido, tras reiteradas peticiones, a bloquear 52 páginas de los militares birmanos, que eran seguidas por 12 millones de personas.