Los jueces dan por bueno el giro de Justicia en el caso Llarena
Delgado asegura que siempre se quiso defender la “actuación jurisdiccional”
Las asociaciones de la judicatura que protestaron abiertamente contra la decisión del ministerio de Justicia de no prestar apoyo jurídico al juez Llarena en Bélgica se dan por satisfechas tras el giro anunciado el domingo por la presidencia del Gobierno.
Un giro que, en opinión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no ha existido porque su departamento siempre había tenido la voluntad de “defender la actuación jurisdiccional” del magistrado instructor del caso del 1 de octubre. Así lo declaró ayer en una entrevista concedida a RNE1 en la que sostuvo que el propósito del Gobierno es “defender hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena”.
El cambio de planteamiento observado en el ministerio en torno a esta causa no pasó desapercibido para la oposición que si bien inicialmente exigía una rectificación al Gobierno ahora les acusa de titubear. Albert Rivera, el líder de Ciudadanos aseguró que la defensa del juez “no es una opción, es una obligación”. El PP, por su parte, planteó ayer la posibilidad de presentar una querella contra el juez belga en el caso de que el día 4 tome en consideración la demanda presentada por los abogados de Carles Puigdemont y del resto de exmiembros del Govern huidos de la justicia española.
En cambio Podemos, hoy el principal aliado del PSOE en el Congreso de los Diputados, se alineó con la posición que inicialmente mantuvo el ministerio y afeó el cambio de posición. “La actitud inicial del Gobierno era más adecuada porque intentar o pretender defender con dinero de todos los españoles por una cuestión privada a un juez no nos parece lo más adecuado”.
Con unos argumentos similares se expresó el portavoz del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano quien sostuvo que el Gobierno “se acobardó ante la presión judicial, política y mediática”.
Desde Waterloo, el expresident Carles Puigdemont sostuvo que la controversia sobre la defensa de Llarena pone en evidencia que “todo esto es un montaje político”.
Los abogados de Puigdemont han planteado una demanda civil que a pesar de que se basa en unas declaraciones realizadas por el juez fuera de su actividad judicial –que, en su opinión, demostrarían su falta de imparcialidad– en realidad constituye un alegato contra todo el procesamientos instruido por Llarena por los hechos ocurridos en Catalunya el pasado otoño. La intención de los abogados de Puigdemont es poner en cuestión el procedimiento fuera de la justicia española. Y precisamente por esa razón el Gobierno no tendrá otra opción que tener un representante legal en el juzgado de Bruselas el próximo día 4 de septiembre cuando el tribunal belga deberá decidir si admite a trámite o rechaza la causa planteada por Puigdemont.
El expresident aseguraba ayer que sería “gravísimo” que el Gobierno defendiera a Llarena. Pero eso es lo que va a ocurrir.
CRÍTICAS
Podemos y PDECat censuran el cambio de posición del Gobierno
DESDE WATERLOO
El expresident califica el procedimiento del magistrado de “montaje político”