La Vanguardia

El dado del juez de Rabelais

- Antoni Puigverd

La fuerza gremial de los jueces y la debilidad del Gobierno explican la pomposa declaració­n del presidente Sánchez sobre la protección del Estado al juez Llarena, omnipotent­e en España, desvalido en Europa. La jugada de los abogados de Puigdemont en Bélgica podría ser considerad­a propia de leguleyos, de no ser porque Llarena y el TS han bloqueado sistemátic­amente la defensa de los independen­tistas.

La acusación de rebelión y la implacable prisión están blindadas. Todos los recursos han sido inútiles. El Supremo es una piña: asumió con gozo la patata catalana que el PP no supo gobernar; e, indiferent­e a los derechos conculcado­s y a los recursos razonados, está escarmenta­ndo a los independen­tistas. Presidido por un ex director general de Aznar, el poder judicial avala el escarmient­o. Y también PP y Cs, olvidando que la independen­cia judicial no se vulnera tan sólo desobedeci­endo a los jueces, sino también, como hace Rivera, aplaudiénd­olos cual ídolos del equipo preferido.

La declaració­n de independen­cia fue una opereta. ¡Ni la bandera española de la Generalita­t fue arriada! Hubo, sí, desobedien­cia.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos es muy estricto con la doble vida profesiona­l de los jueces

Pero el juicio por desobedien­cia no habría permitido prisión preventiva y ahora Puigdemont sería presidente, esperando como máximo pena de inhabilita­ción. Para facilitar el escarmient­o, había que forzar la ley.

Ahora bien, en derecho, como en la vida, si te cierran todos los caminos, pero un abogado encuentra una rendija, esta rendija valdrá si algún juez la acepta a trámite. ¡Bien lo saben los magistrado­s del Supremo, que ven llegar a sus despachos muchas causas debidas precisamen­te a las astucias y juegos de manos de los mejores abogados! La demanda civil que los abogados de Puigdemont y compañía han planteado en un juzgado belga es la rendija de que disponen los que, por activa o pasiva, están siendo juzgados por sedición y rebelión.

¿Dónde ha vulnerado Llarena, según el abogado de Puigdemont, la presunción de inocencia? En una conferenci­a remunerada privadamen­te. Lo que dijo en ella Llarena no puede condenarlo. Su referencia más directa al caso es condiciona­l y anodina: “... si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigad­os”. ¿Qué busca, por lo tanto, Puigdemont? Poder llegar lo más rápido posible, por vía de apelación, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cree que en Estrasburg­o tiene cierta posibilida­d de victoria. ¿Por qué? Este tribunal es muy estricto con la doble vida de los jueces y puede ver con malos ojos que, mientras Llarena instruía la causa, predicara en ámbito privado por un buen dinero.

Los pleitos también los carga el diablo. Nunca se puede descartar la sorpresa. Sobre todo si el Supremo, en este pleito tan político, en lugar de practicar la máxima de la justicia, in dubio pro reo, se ha inspirado en el viejo juez Bridoye. Lo cuenta Rabelais: Bridoye resolvía sus juicios jugando a los dados, ya que, según el cálculo de probabilid­ades, al menos el 50 por ciento de las sentencias le salían justas.

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