Masovería urbana, alianza de conveniencia
Diversos municipios apuestan por ceder viviendas de alquiler a cambio de su rehabilitación
La especulación inmobiliaria y la crisis económica han propulsado, en ciertos ámbitos, una concepción más solidaria y comunitaria del acceso y el uso de la vivienda. A las conocidas plataformas e iniciativas ciudadanas que luchan contra los abusos hipotecarios, se suman opciones como la masovería urbana, una alternativa todavía minoritaria pero que es ya una tendencia al alza en manos de ayuntamientos y entidades sociales.
Los consistorios de Sabadell y Sant Cugat del Vallès son los primeros en ceder sus inmuebles públicos –antiguas viviendas para maestros–. En Manresa es Cáritas la que gestiona nueve pisos, mientras que en Lleida (tres pisos de la calle Major) y en Barcelona (Pomaret en Sarrià), la cooperativa Sostre Cívic ejerce de puente entre la propiedad privada y los inquilinos.
La fundación privada Ser.Gi ha implantado el modelo en Girona, Figueres y Lloret de Mar, entre otros. En Mieres, el Consistorio ha impulsado un piso con este modelo.
Este sistema está reconocido por la ley 18/2007 y por la 4/2013 y pone en contacto, de forma privada, un propietario con una finca deshabitada –en estado semirruinoso o que necesita profundas reformas– con un inquilino, al que cede el uso de la vivienda a cambio de arreglarla.
“Llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes es casi una alineación astral”, señala Àngel Estévez, de Sostre Cívic, explicando la dificultad de cuadrar la propiedad de una casa de estas características con inquilinos ilusionados en rehabilitar y, en ocasiones, con la Administración. “En este último año hemos recibido consultas de diferentes ayuntamientos catalanes con patrimonio público muy interesados. Es un sistema que crece como alternativa al problema de acceso a la vivienda”, reconoce.
En el 2016, el Ayuntamiento de Sant Cugat anunció que iba a ceder las seis antiguas casas de los maestros de La Floresta –de propiedad municipal– por 75 años a Sostre Cívic y al colectivo local 6 Claus para masovería urbana. El proyecto, que conlleva una inversión pública de 250.000 euros y una apuesta bioclimática de los edificios, ha topado con diferentes trámites urbanísticos que lo han frenado. Estévez lamenta el parón burocrático. “Hemos hecho un proceso participativo para redefinir el espacio, que quedará con once viviendas de 60 m2, pero tras dos años de parálisis la gente se ha buscado otras alternativas para vivir. Tenemos familias esperando”.
La edil de Urbanismo, Susanna Pellicer, anuncia que “pronto firmaremos el derecho de superficie y también arreglaremos el acceso a un vial que faltaba. Es un proyecto ilusionante, pero complejo. Hemos aprendido sobre la marcha porque la masovería es un modelo de gestión vivo y cambiante”.
Este mes, en Sabadell, la concejal de Vivienda, Glòria Rubio, entregó las llaves a tres familias que son las primeras beneficiarias, en el barrio de Torre-romeu, de una bolsa de pisos de propiedad pública de la empresa municipal Vimusa. “Recibimos ocho solicitudes y todas cumplían con las condiciones de acceso. Tuvimos que hacer un sorteo. El resto está en lista de espera y trabajaremos para ampliar la bolsa”, explica la edil. Por ahora, las familias beneficiadas tienen medio año para arreglar el piso, que les den la cédula de habitabilidad y a partir de entonces cuentan con tres años de vivienda asegurados sin pagar nada. “Una vez acabados se puede hacer una prórroga de dos años, pero siempre si cumplen con los baremos de acceso a la vivienda pública protegida y que no superen el 30% de los ingresos”, detalla Rubio.
El matrimonio formado por Modesta Quizpe y Said Takhabbat, padres de un niño de 3 años, compartía hasta ahora un piso con la hermana de Said. Han accedido al piso de la plaza del Cardener de Sabadell. “Estamos muy contentos porque cuando hemos abierto la puerta hemos tenido la sensación de tener, por fin, una casa propia. Contamos con amigos y familia que nos ayudarán a arreglarla”, explican. Aseguran que es como si les hubiese “tocado la lotería”. “Aunque trabajamos los dos y tenemos contrato no nos podemos permitir los precios que hay de alquiler. Te piden mucho dinero de entrada, entre 2.000 y 3.000 euros”, lamentan.
La medida se aplica en Sabadell, Sant Cugat, Barcelona, Manresa, Mieres o Lleida, entre otras ciudades