Régimen inicuo
Carles Mundó recuerda uno de los episodios más crueles de la dictadura de Franco: “El president Companys fue capturado en la Francia ocupada por los nazis y entregado por la Gestapo a las autoridades franquistas españolas. El día antes de su fusilamiento se celebró un juicio sumarísimo que apenas duró una hora, se dictó la sentencia inmediatamente y acto seguido fue ejecutado”.
Cuarenta y tres años después de la muerte del dictador Francisco Franco, el Gobierno español se propone enterrarlo definitivamente. Ha aprobado un decreto ley para exhumar sus restos del Valle de los Caídos y, más allá de críticas por la forma, nadie con un mínimo de sensibilidad democrática se atreve a defender que los restos de quien se alzó militarmente en 1936 sigan reposando en un mausoleo, patrimonio del Estado, para honorar al Caudillo. Esto sería inimaginable en Alemania y en Italia, donde se desconoce en qué lugar están sepultados los restos de Hitler y Mussolini.
Han tenido que pasar cuatro décadas para que un gobierno socialista se atreviera a dar ese paso, que nunca dio ni Felipe González ni José Luis Rodríguez Zapatero. El frágil apoyo parlamentario de Pedro Sánchez explica que, a falta de resultados tangibles, se dedique a sustentar su acción política en cuestiones de fuerte carga simbólica para acentuar perfil ideológico. Sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos le permite, por un lado, arrinconar al Partido Popular y a Ciudadanos a la derecha y, por otro, recuperar la bandera de la memoria histórica, en manos de Podemos.
Enterrar a Franco no se consigue solamente con cambiarlo de tumba. Desde hace muchos años, se reclama en el Congreso que se haga aquello que ha sido norma en países democráticos donde antes ha habido regímenes totalitarios. Este fue el caso de Alemania, que en la década de los noventa declaró nulas las sentencias dictadas por determinados tribunales por ser contrarias a los principios propios de un Estado de derecho.
La ley de Memoria Histórica aprobada en el 2007 en el Congreso –con el voto en contra de PP y ERC por razones opuestas– no anuló las sentencias injustas. Se limitó a hacer una declaración simbólica para las víctimas de condenas ilegítimas producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura. Pero no es lo mismo ilegítimo que ilegal. A ojos del sistema jurídico, en la medida en que las sentencias dictadas no se declaran nulas, y por tanto ilegales, se está reconociendo formalmente la vigencia de sus efectos.
En julio del 2017, el Parlament de Catalunya, con el voto de todos los grupos, aprobó la ley de Reparación Jurídica de las víctimas del franquismo, que declaró la nulidad de más de 66.000 sentencias dictadas en juicios sumarísimos y consejos de guerra celebrados por los tribunales que actuaban en Catalunya entre 1938 y 1978. Pero esto no exime al Estado español de la responsabilidad histórica de anular las sentencias injustas dictadas por los tribunales españoles.
Enterrar definitivamente el franquismo exige también reparar la memoria de sus víctimas. Desde hace años, Esquerra Republicana, de la mano del diputado Joan Tardà, y otros grupos parlamentarios han presentado iniciativas para que se anularan las decenas de miles de sentencias penales del franquismo, dictadas en consejos de guerra y otros procedimientos faltados de las más elementales garantías procesales, que tenían por objeto la persecución de las libertades.
Todas las sentencias son igual de importantes, pero algunas son emblemáticas por su significado político. Destacan la que el 9 de abril de 1938 decretó el fusilamiento de Manuel Carrasco i Formiguera, quien fue presidente de Unió Democràtica de Catalunya, y la sentencia que condenó a muerte a Lluís Companys, president de la Generalitat, el día 15 de octubre de 1940.
El president Companys fue capturado en la Francia ocupada por los nazis y entregado por la Gestapo a las autoridades franquistas españolas. El día antes de su fusilamiento se celebró un juicio sumarísimo que apenas duró una hora, se dictó la sentencia inmediatamente y acto seguido fue ejecutado.
En 1970, el Estado alemán indemnizó a la viuda de Lluís Companys por su implicación en la deportación. En 1990, cuando se cumplían 50 años del fusilamiento, tanto el canciller Helmut Kohl como el presidente François Mitterrand pidieron disculpas formales a la Generalitat de Catalunya por la actuación de Alemania y Francia. Obviamente, cuando Kohl y Mitterrand se disculpaban no se sentían herederos del nazismo ni del régimen de Vichy. Representaban a sus estados y querían reparar el daño que otros, de forma ilegal y autoritaria, habían generado con su actuación. Y en el 2008, la cónsul alemana en Barcelona reiteró las disculpas y pidió perdón: los alemanes aceptamos nuestra culpa y queremos aprender de nuestra historia, dijo.
Ahora, con la anulación de los juicios políticos franquistas, el Gobierno de Sánchez tiene la oportunidad de enterrar definitivamente a Franco. La recuperación de la memoria histórica, el recuerdo a todas las víctimas y los actos de reparación son la mejor forma de pasar esta página negra de la historia de España. Enterrar a Franco fuera del Valle de los Caídos es una buena decisión, pero con esto no basta para enterrar el franquismo.
Sepultar al dictador fuera del Valle de los Caídos es una buena decisión, pero con esto no basta para enterrar el franquismo