La traductora de la denuncia contra Llarena niega que el error sea suyo
De su versión se deduce que hubo una manipulación del documento original
El enredo de la traducción del francés al español de la denuncia de Puigdemont contra Llarena prosigue. La traductora jurada que la realizó asegura que su versión era literal, dando a entender que alguien alteró posteriormente el original francés.
La traductora jurada que se hizo cargo de la transcripción al español de la denuncia presentada por los abogados de Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena, asegura que ella se limitó a traducir el texto del original, en francés, al castellano y que el que ella traspuso es una traducción literal donde no figuraba el controvertido gazapo.
De ser cierta su versión –es una traductora jurada acreditada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y está empleada en una empresa que fue contratada por el gabinete de abogados de Puigdemont– cabe pensar que la mala traducción de las declaraciones de Llarena en las que se basa la denuncia fue introducida después de la entrega del original en francés a la empresa para que hiciera la transcripción al español.
De hecho en esta traducción no figura la versión errónea de las palabra de Llarena y es precisamente la que se envío al decano de los juzgados de Madrid para que remitirlo al magistrado para comunicarle la citación del juzgado belga.
En cambio, el gazapo de la versión francesa no es menor. Se trata de la traducción de un fragmento de unas declaraciones realizadas por el juez Llarena en Oviedo el pasado mes de febrero en las que aborda la definición de delitos políticos y la naturaleza de los que se han imputado en el sumario del 1-O que ha instruido el juez. Mientras en la versión correcta del texto, el juez asegura en términos condicionales que los imputados podrían haber cometido delitos tipificados en el Código Penal español, en la versión francesa, que es la que se entregó al juez belga que ha de tramitarla, las declaraciones de Llarena dan por hecho que los delitos se han cometido. Para los abogados de Puigdemont y de los exmiembros del Govern que le acompañan en este demanda civil, esa declaración era la prueba material clave de la querella que ahora, cuanto menos, queda bastante coja. Los abogados del expresident han asegurado que comunicarán al juez la errata, probablemente en el curso de la vista que tendrá lugar el mismo día cuatro cuando el juez Llarena o un representante suyo deberá comparecer en un juzgado de Bruselas junto a un abogado contratado por el Gobierno español.
En este sentido, el Ministerio de Justicia ha encomendado a un bufete belga la representación de España y del magistrado con un coste de medio millón de euros. Tendrá
la misión de defender la independencia jurisdiccional española y por ende, al juez instructor del sumario del 1-O en caso que el juez belga tome alguna decisión que pueda poner en duda las decisiones del juez en este proceso. Tal y como está planteada la demanda, es lo que hubieran deseado los abogados de Puigdemont. Pero a estas alturas parece difícil.