La suspensión de diputados sigue parada en el Parlament
JxCat y ERC esperan a octubre para cerrar un acuerdo
La suspensión del acta de diputado de Carles Puigdemont y de los líderes soberanistas presos –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull– sigue encallada en el Parlament. JxCat y ERC aseguran que todavía no han cerrado los últimos extremos del acuerdo para hacer cumplir o desobedecer el auto del Tribunal Supremo que suspende a los seis diputados procesados por rebelión. Las negociaciones van “por buen camino”, no las dan por concluidas. De modo que la Mesa no tratará este asunto de momento.
La mayoría independentista quiere que el inicio de la actividad parlamentaria –habrá comisiones a partir de la semana que viene pero no plenos– sea “tranquilo”, sin discusiones que puedan empañar la conmemoración del 1-O y el debate de política general que se celebrará justo después, por lo que su intención es resolver el tema de la suspensión justo antes de este pleno, cuando necesitarán los votos de los diputados para aprobar las iniciativas que presenten.
JxCat y ERC están muy pendientes también de la decisión final de la Fiscal General del Estado, María José Segarra, que puede resolver en septiembre si mantiene o modifica la acusación de rebelión. Si se produce un eventual cambio de la calificación del delito de rebelión por otra de menor gravedad, la suspensión de los diputados podría retirarse.
En el último pleno que se celebró en julio la tensión entre republicanos y el grupo de Puigdemont explotó –se acusaron de mentir mutuamente– y decidieron paralizar la sesión ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. JxCat quería dejar al ex president fuera de la suspensión temporal que proponía el juez Pablo Llarena en su auto –hasta que se celebrara el juicio y hubiera sentencia–, una exigencia que indignó a ERC, ya que ponía al líder de la formación, Oriol Junqueras, en una posición de subalternidad respecto al expresident.
El martes de la semana que viene la Mesa se reunirá por primera vez en este periodo de sesiones, que comenzó el 16 de agosto, y en ella se abordará, entre otros temas, la creación de una comisión de investigación sobre el espionaje político que presuntamente efectuó el Govern a políticos de grupos rivales y a periodistas a través de los Mossos d’Esquadra.
Cs, PSC-Units, PP y Catalunya en Comú Podem impulsan esta comisión, pero la mayoría independentista de la Mesa frenó su aprobación en una reunión del 31 de julio al considerar que el plan de trabajo presentado era demasiado extenso.
PSC-Units presentó un petición de reconsideración, que se tratará en la Mesa el martes que viene. Los grupos de la oposición subrayan que la creación de dicha comisión es obligatoria, ya que se han acogido a un mecanismo parlamentario que así lo dispone. Cs anunció en su día que acudiría al Constitucional si la comisión no se pone en marcha.