La Guardia Civil obliga a 300 agentes a quedarse en Catalunya
De manera sorpresiva, la jefatura de la Guardia Civil anunció ayer que paraliza el traslado de 300 agentes para que permanezcan en Catalunya hasta el 15 de octubre. La orden fue publicada en el Boletín oficial del Estado bajo la firma del Jefe accidental del Mando de Personal, Francisco Javier Alvaredo. La decisión trunca los planes de los trescientos agentes que estaban a punto de marcharse hacia su nuevo destino después de que su solicitud hubiera sido aceptada.
La Guardia Civil justifica la decisión por las “necesidades y exigencias inherentes a garantizar la seguridad pública en este trimestre del año”, un periodo en el cual empezará el que se ha denominado otoño caliente en el que están previstas manifestaciones independentistas que empezarán en la próxima Diada y que podrían sucederse para conmemorar el primer aniversario de la declaración de la independencia en el Parlament.
El Ministerio del Interior alega que se trata de una decisión ordinaria que cumple con la obligación de velar para que todas las fuerzas de seguridad del Estado cuenten con los recursos suficientes en las diferentes plantillas. Además, estas mismas fuentes destacan que en Catalunya cada mes de septiembre es un lugar que requiere de refuerzo debido a que es un mes en el que se concentran varios eventos.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil expresó su profundo malestar con la decisión y a través de un mensaje difundido en twitter denunció que “de nuevo se atropella los derechos de los guardias civiles y sin previo aviso se ordena que permanezcan en Catalunya”.
La decisión de la Dirección General de la Guardia Civil es la misma que ya adoptó el año pasado en vísperas al referéndum del 1 de octubre convocado por el Govern de la Generalitat y declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Se paralizaron los traslados de 200 agentes de la Guardia Civil que debieron permanecer en Catalunya y dejar en suspenso el cambio de destino.
En aquella ocasión, se produjo un refuerzo ordenado por el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, que envió 3.000 agentes que pasaron semanas alojados en cruceros atracados en el puerto de Barcelona para participar en el dispositivo para frenar la votación que había diseñado el número 3 de la secretaría de Estado de Seguridad y coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos.
La jefatura justifica la decisión para garantizar la seguridad pública