Llarena va después de la ortopedia
El caso contra el juez del Tribuna Supremo español se dilucida en una sala civil donde se ven todo tipo de demandas
El vecino que se queja y el país que se rompe. Es lo que tiene la jurisdicción civil, el tribunal ve de todo. El caso Llarena empezó ayer su andadura judicial en la sala siete del tribunal de primera instancia de Bruselas donde antes se vieron los casos habituales en esta jurisdicción como fue, por ejemplo, la demanda contra una ortopedia. En la sala rectangular, de aspecto funcional, con capacidad para unas 80 personas, por un día el número de periodistas superaba al de togados presentes. La juez iba despachando, al ritmo de unos 3 minutos por caso, a los abogados que desfilaban por delante de su mesa con alguna prisa y sin ninguna pausa.
Al llegar el turno a la demanda de Puigdemont y los 4 exconsellers contra el juez Llarena, el abogado contratado por el ministerio de justicia español, Hackim Boularbah, pidió más tiempo para estudiar el caso y poder personarse como representante no sólo del juez, sino también del Reino de España.
De esta manera se trasladó la vista al próximo 25 de septiembre, y se celebrará delante de un tribunal de 3 jueces, dado que se trata de “un caso excepcional” en palabras del abogado Boularbah.
Por tanto, hay caso Llarena para rato en Bélgica. Se alarga el procedimiento, lo que satisface las intenciones de los demandantes, que consiguen mantener abierto en un proceso civil en Bélgica la demanda por la posible parcialidad del juez instructor de la causa contra los independentistas catalanes encarcelados. Con sus habituales metáforas metereológicas, el abogado Gonzalo Boye sentenció que “hay gente que auguraba tormenta, y a pesar de que hoy no hace sol, es un día soleado”. Interpreta que al personarse en la causa, Llarena y el Estado español “reconocen que tenían que venir a jurisdicción belga a contestar”.
A responder y a contestar ciertamente vino el abogado contratado por las autoridades españolas, que afirmó que “contesta la jurisdicción de las cortes y tribunales belgas”. El 25 de septiembre será cuando presentará la documentación argumentando que un tribunal belga no tiene capacidad para intervenir en el sistema judicial español. Es evidente que al gobierno español, al Tribunal Supremo y al propio Llarena, le interesaría cerrar la demanda cuanto antes, pero el proceso se anuncia largo.
El 25 de fijarán las agendas para los próximos pasos del procedimiento que, según el abogado Boye, será largo: “Desde algunos sectores había interés en España en instalar la idea que hoy –ayer para el lector- se produciría una decisión sobre el fondo del tema. No era así ni lo será en mucho tiempo”.
Por otro lado, los abogados de Puigdemont y los exconsellers restaron importancia al error de traducción en las declaraciones de Llarena del febrero en Oviedo que son la base de la demanda. Afirman que el error se subsanó y que la parcialidad del caso, según su versión, procede de la afirmación de Llarena de que no se trataba de un “delito político”. Lo que las defensas cuestionan es el pronunciamiento público de un juez mientras estaba instruyendo una causa. A la vista asistieron los exconsellers Comín y Puig.
La vista contra el magistrado del Supremo se aplaza hasta el 25 de setiembre a petición de su defensa