La desobediencia civil
Una de las novedades conceptuales que trajo el movimiento de los indignados del 15 de Mayo del 2011 fue el de “desobediencia civil”. Es decir, negarse a obedecer decisiones o leyes consideradas injustas por considerar que benefician a determinadas élites en perjuicio de los colectivos sociales débiles, o que chocan con la conciencia moral individual.
Siendo ya alcaldesa de Barcelona, Ada Colau defendió la desobediencia como forma de lucha política frente a lo que consideraba una regulación injusta de desahucio de hogares sin recursos por parte de la banca y de los fondos de inversión. Este posicionamiento fue motivo de escándalo para las elites del sistema y de acusaciones de populismo impropio de una autoridad política.
Dejando de lado que la regulación española de desahucio de deudores de buena fe fue considerada por los tribunales, especialmente por el Tribunal de Justicia europeo, abusiva e injusta, el hecho que ahora me interesa señalar es que la desobediencia civil no es per se antidemocrática sino un mecanismo que, en algunos casos, puede mejorar el sistema, tal como han sostenido filósofos y pensadores políticos de prestigio, como ahora veremos.
La desobediencia civil también ha sido utilizada por los dirigentes del procés para tratar de legitimar sus objetivos políticos. Pero en su caso se invoca la desobediencia no para cambiar una ley considerada injusta sino para romper de forma unilateral el ordenamiento y la estructura del Estado. Pero, de hecho, las decisiones del Parlament de Catalunya del 6 y 7 de septiembre pasado, de las que esta semana se cumple un año, no fueron una expresión de desobediencia civil sino un golpe parlamentario revolucionario, en la medida que pretendían no la mejora del sistema sino su subversión total.
Esta diferencia entre buscar la mejora el sistema democrático vigente o subvertirlo es el rasgo que algunos influyentes pensadores y activistas políticos han utilizado para distinguir entre la desobediencia y un acto revolucionario. Es el caso del filósofo, ensayista y activista político norteamericano del siglo XIX Henry David Thoreau. Fue el primero en conceptualizar las prácticas de desobediencia civil (estuvo en la cárcel por negarse a pagar impuestos que servían para financiar fines políticos que a su juicio eran inmorales). En sus conocidas e influyentes obras La desobediencia civil (1849) –libro de cabecera de Gandhi y de gran influencia sobre Martin Luther King– y Walden (1854) sostuvo que la desobediencia civil no es un acto revolucionario sino una forma de lucha para mejorar el sistema democrático representativo.
En esta misma línea se movieron otros filósofos y activistas políticos como Bertrand Russell o John Rawls. Russell (también encarcelado por desobediencia) utilizó esa forma de lucha política, especialmente para oponerse a decisiones de carácter militar como la proliferación de armas nucleares. Por su parte, en su conocida e influyente obra La justicia, el filósofo norteamericano John Rawls señala que la desobediencia frente a ciertas decisiones o leyes no va en contra del sistema democrático representativo sino que puede mejorarlo. El motivo es que rechaza la idea de que cualquier decisión que surja del proceso político vigente deba ser considerada justa y ser cumplida. Eso sería suponer que en todos los casos esas decisiones responden al interés general de la sociedad y tienen un adecuado control ciudadano, y no siempre es así.
El fundamento político de la desobediencia civil que sostuvieron Thoreau, Russell y Rawls se apoya en la evidencia de que en nuestro sistema político económico muchas leyes y regulaciones responden a intereses particulares –empresariales, corporativos o políticos–. Intereses que por su posición hegemónica dentro de la estructura de poder y de sus privilegiadas relaciones con el gobierno y con los medios de comunicación son capaces de influenciar los procesos de formación de políticas a su favor. Ha sido así, por ejemplo, en el caso de la legislación de desahucios. En circunstancias como esta la desobediencia puede ser
Las decisiones del Parlament del 6 de septiembre no fueron desobediencia sino un golpe parlamentario revolucionario
una forma legítima y democrática de lucha política para mejorar el sistema.
Como vemos, para Thoreau, Russell y Rawls de lo que se trata con la desobediencia civil es de protestar desde dentro del sistema democrático para mejorarlo, y no para sustituirlo por otro cuyas consecuencias son desconocidas o que se puede racionalmente suponer que serán iguales o peores que las del actual sistema. De ahí que decisiones unilaterales como las del 6 y 7 de septiembre del 2017, adoptadas con violencia parlamentaria, no encuentren, a mi juicio, encaje y apoyo en la doctrina de la desobediencia civil.