¿Un nuevo Estatut?

He sostenido desde un principio que el Estado tiene la capacidad de neutralizar el movimiento independentista a base de proponer un nuevo Estatut que dé satisfacción –aunque sea parcial– por un lado a los catalanes más preocupados por los elementos identitarios –protegiendo lengua y símbolos – y, por otra, a los catalanes molestos por la discriminación fiscal: el català emprenyat que se reunió en el IESE por el aeropuerto (2007), que protagonizó el boicot a los peajes (2012), que ha sufrido las averías de cercanías y que aprendió que los sucesivos gobiernos españoles estaban boicoteando la conexión ferroviaria de la costa mediterránea.

La fórmula tendría éxito por dos motivos. En primer lugar, porque el consenso en Catalunya no es ni a favor (ni en contra) de la independencia, sino a favor de que los catalanes decidan su futuro, y esto se puede materializar de muchas maneras, y una de ellas es votando un Estatut. Por otra parte, porque, incluso entre los simpatizantes de la independencia, el sentimiento conservador haría que muchos prefirieran una mejora parcial pero segura a una solución total pero incierta.

Aunque con la boca pequeña y con muchos circunloquios, el PSOE ha pasado el trance del procés defendiendo esta solución, y ahora Pedro Sánchez insiste.

Desde el punto de vista económico, lo que debería proponer el Estado no es imposible.

Neutralizar el movimiento independentista es condición sine qua non para estabilizar políticamente España

Psicológicamente, la eliminación de los peajes en la AP-7 tendría un impacto importantísimo, y su coste no sería inasumible una vez finalice la concesión (dentro de tres años): unos 20 millones/ año (otra cosa es si es racional que sea el contribuyente quien pague el mantenimiento de las vías rápidas). En cuanto a invertir en Catalunya una cifra cercana al peso del PIB (como exigía la disposición adicional 3.ª del Estatut del 2006) debería ser de sentido común, al igual que debería serlo que la Generalitat estuviera financiada, por habitante y a servicios homogéneos, aproximadamente igual que cualquier otra comunidad autónoma, teniendo en cuenta las diferencias en el nivel del coste de la vida (y este es el escollo más importante).

Es indudable que neutralizar el movimiento independentista es condición sine qua non para estabilizar políticamente España, lo que, a su vez, es imprescindible para abordar con posibilidades de éxito los retos del envejecimiento y del endeudamiento público, que constituyen amenazas graves para el futuro del Estado.

El Estado español puede neutralizar el movimiento independentista durante una generación, y Pedro Sánchez parece que quiere hacerlo, pero Pedro Sánchez no es el Estado español. Dentro del éste conviven los que piensan –como Patricia Botín– que de lo que se trata es de “volver a enamorar a todos los catalanes”, con los que piensan que lo que se trata es de eliminar el catalanismo y, de paso, eliminar Pedro Sánchez. Pero si los últimos prevalecen –y son muchos más– España no se estabilizará.