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El aumento del número de ricos durante la crisis, y la espectacular subida del recibo doméstico de la luz, que en agosto alcanzó máximos históricos.
SEGÚN datos divulgados por la Agencia Tributaria, el número de ultrarricos –así se denomina a las personas que declaran un patrimonio superior a los 30 millones de euros– casi se ha triplicado en España en sólo un decenio (2007-2016). Ahora se tiene noticia de 579 ultrarricos (aunque acaso sean más, y aunque no todos tributan lo mismo). Diez años atrás eran 233.
Este grupo privilegiado crece en nuestro país año tras año. Parece oportuno subrayar que tal incremento se ha registrado a lo largo del último tramo de la crisis económica. Es decir, el mismo tramo en el que los ingresos y, en consecuencia, el poder adquisitivo del grueso de la sociedad se han visto menguados. Y, por tanto, el mismo tramo en el que se ha ahondado la brecha social propiciada por la desigualdad.
Aunque el aumento del número de ultrarricos en España va por delante de la media de los países europeos –un dato a tener en cuenta–, es cierto que el fenómeno que nos ocupa es de dimensión global. A escala planetaria se estima que hay más de 200.000 ultrarricos, y que en su conjunto controlarán, dentro de dos años, unos 46 trillones de dólares. Es decir, un grupo que supone sólo el 0,004% de la población mundial controla el 12% de la riqueza. Nunca se había concentrado tanta riqueza en tan pocas manos. Y atendiendo a cómo se está desarrollando la economía occidental, con cinco tecnológicas de crecimiento velocísimo y hasta ahora imparable –Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon y Facebook– en lo más alto de la lista de empresas con mayor capitalización bursátil, es muy probable que las diferencias entre los de arriba y los de abajo sigan ensanchándose más y más.
El crecimiento del exclusivo club de los ultrarricos nos dice, entre otras cosas, que el fenómeno de la desigualdad sigue extendiéndose. He aquí una realidad preocupante. Eso es al menos lo que creen, y así lo han expresado reiteradamente, organismos tan poco sospechosos como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o el Foro de Davos.
Las advertencias de las mencionadas instituciones suelen basarse siempre en los mismos argumentos. Por supuesto, están los argumentos de tipo social. Pero también, y en lugar destacado, los argumentos económicos y los políticos. Entre los económicos figuran los relativos a una redistribución de los recursos que favorece a unos pocos y desatiende a muchos, y de modo muy especial a las clases medias, cuya pérdida de poder adquisitivo acaba repercutiendo en la buena marcha del sector industrial o del de servicios. Entre los argumentos políticos se cuenta un perceptible descontento popular que a la postre acaba abonando, como ya hemos visto en algunas de las sociedades occidentales más avanzadas, el regreso de los populismos.
La economía globalizada, la opacidad en la que se mueven algunos de sus grandes operadores y la dificultad de los gobiernos para lograr que sus resortes regulatorios o compensatorios se accionen con la diligencia requerida son factores que dificultan la revisión del fenómeno aquí descrito. Sin embargo, es obligado introducir medidas correctoras. Tanto en el ámbito de lo coyuntural como en el de lo estructural. El objetivo siempre será el mismo: atemperar estas derivas, y en la medida de lo posible trabajar en pro de un equilibrio sostenible, así como de un marco algo más holgado para las clases medias que sostienen la economía.