La Vanguardia

El imperio del opio

Afganistán exportó en el 2017 un 65% más de narcóticos y las plantacion­es pasaron de 200.000 a 328.000 hectáreas

- MARÍA DIÉGUEZ

Que Afganistán es el país que más opio exporta, ya se sabía. Lo que no se sabía es que en el 2017 esas exportacio­nes crecieron un 65% respecto al año anterior pese a los esfuerzos para impedirlo de Estados Unidos, que ha invertido 7.280 millones de dólares (6.282 millones de euros) en operacione­s contra la droga. La tradición de cultivar opio viene de lejos, pero nunca antes las cifras habían llegado a estos niveles. El país ha pasado de 200.000 hectáreas de plantacion­es a 328.000. Según el informe anual de Sigar (Special Inspector General for Afganistan), oficina de observació­n de las Fuerzas Armadas de EE.UU., la recaudació­n se ha elevado de 1.500 millones de dólares a 3.000 millones.

Mayor productor de opio del mundo –se estima que posee el 90% del mercado–, desde Afganistán parten tres rutas: hacia el sur de Europa cruzando por Irán y Turquía, a Europa Oriental a través de Asia Central y Rusia, y a África por Pakistán. Es un perfecto engranaje que funciona gracias a una fuerte corrupción en las institucio­nes públicas y una justicia que hace la vista gorda al negocio.

Antes de que los americanos pusieran un pie en el país, el gobierno de los talibanes, milicia fundamenta­lista suní, prohibió el cultivo de la planta en el 2001. Los datos de ese año muestran un récord: tan sólo 8.000 hectáreas de plantacion­es, un mínimo histórico. Pero tras la invasión norteameri­cana los talibanes cambiaron de opinión y ahora incluso recaudan impuestos. En la actualidad es una de las mayores fuentes de financiaci­ón del grupo.

EE.UU. declaró la guerra a los talibanes tras los atentados del 11-S del 2001, organizado­s desde Afganistán por el líder de Al Qaeda, Bin Laden, que estaba bajo su protección. Pero antes, durante la administra­ción de Jimmy Carter y más tarde, la de Ronald Reagan, Washington permitió que los beneficios del estupefaci­ente ayudaran a financiar a los muyahidine­s que combatían contra el ejército soviético durante la guerra de Afganistán entre 1978 y 1992.

La plantación, conversión y distribuci­ón es hoy ilegal pero, en la práctica, se calcula que 590.000 personas trabajan a jornada completa en el negocio del opio. Hay casi tres veces más empleados en este sector que en las Fuerzas de Defensa y Seguridad Nacional de Afganistán (que sedo gún el último dato público, del 2012, están integradas por unos 200.000 hombres).

El opio es el petróleo de Afganistán. El informe del Sigar estima que genera entre un 20% y 32% del PIB nacional. Su peso se ha duplicado desde el 2014, cuan- según el Banco Mundial el opio producía entre el 10 y el 15% del PIB. La economía del país depende de este gran negocio. Los beneficios de los trabajador­es sustentan a las familias para poder pagar educación, vehículos, casas… Y volver a invertirlo: es decir, las amapolas financian tractores, herbicidas, fertilizan­tes, incluso paneles solares, para mejorar la calidad de más de un tipo de cosecha agrícola.

Para cortar esta fuente de ingresos a los talibanes, la Administra­ción de Donald Trump ha diseñado un programa aéreo con un nuevo sistema de cámaras, el GIS, que ofrece datos más fiables y reales. El dispositiv­o toma imágenes de las hectáreas de cultivo que hay por toda la región. Se ha detectado, incluso, un cambio geográfico dentro del país, con nuevas zonas de cultivo en la antigua tierra desértica del suroeste. “El Departamen­to de Defensa ha sido muy claro. El objetivo de esta campaña no es eliminar el tráfico de drogas, sino privar a los talibanes del flujo económico que obtienen por el negocio del opio”, afirman a este diario desde la oficina estadounid­ense.

Dentro de las fronteras del país los precios también varían, de 126 dólares (unos 194 euros) por kilogramo en las zonas rurales a 280 dólares (unos 240 euros) en el centro. La gran diferencia de precio se debe al grado de refinamien­to en el proceso, si hay más o menos intermedia­rios que trafiquen con la sustancia y si se vende o no al por mayor como ocurre en las zonas rurales.

El opio no sólo supone ingresos sino también una dura carga para este país tan pobre. Se estima que el 5% de la población es consumidor. Se trata sobre todo de huérfanos y se concentra en la capital, Kabul.

A pesar de la incautació­n de 463 toneladas de producto refinado en 3.520 operacione­s en lo que llevamos de año, el imperio del opio sigue en pie. La falta de seguridad, la pobreza existente en la zona, la corrupción y los grupos terrorista­s son los principale­s obstáculos para la erradicaci­ón. Los expertos de Sigar señalan asimismo que en el 2017 la reducción de costes en el cultivo gracias a los paneles solares y bombas de agua, junto a una buena climatolog­ía, han impulsado aún más el crecimient­o de las plantacion­es.

El daño a la salud, dentro y fuera de Afganistán, también ha aumentado en proporción. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “los opiáceos causan el mayor daño y representa­n el 76% de las muertes asociadas a consumo de sustancias psicoactiv­as”.

EE.UU. encabeza la lista de afectados por opiáceos, no sólo por el consumo de heroína sino sobre todo de fármacos, obtenidos sin receta médica, que contienen sustancias derivadas del opio. Les siguen de cerca, África y Asia, ya que debido al coste tan alto de las medicinas los traficante­s los fabrican ilegalment­e y lo venden en el mercado negro, lo que agrava el riesgo a la salud.

DEL PODER A LA INSURGENCI­A

En el 2001 los talibanes prohibiero­n el cultivo pero hoy es su principal fuente de ingresos

EL ‘PETRÓLEO’ AFGANO

El opio aporta entre un 20% y un 32% del PIB y emplea a 590.000 personas

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FÉLIX FLORES Adolescent­es y niños en un cultivo de opio cerca de Jalalabad (Afganistán), imagen tomada este mismo año
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