48 horas que cambiaron Catalunya
El Parlament aprobó hace ahora un año las leyes de desconexión que desembocaron en la compleja situación actual
Para unos, el Parlament “hizo historia”; para otros, se adentró en la senda de la “infamia” y el “atropello”. Fueron solo dos días, pero las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre del 2017 abrieron la puerta a un escenario que ha acabado por romper en dos mitades la sociedad catalana y que ha llevado a la cárcel o ha convertido en prófugos a gran parte de los dirigentes independentistas. A un lado, se situaba la legalidad constitucional y estatutaria que exige el apoyo de una mayoría de dos tercios del Parlament para abordar cualquier cambio en el nivel de autogobierno de Catalunya; al otro, una propuesta de ruptura y cambio de régimen político –la república catalana por la vía del referéndum unilateral– impulsada por la mayoría absoluta soberanista de la Cámara. Pero el choque de legitimidades –o simplemente de aspiraciones– venía de mucho antes.
Saltar la pared
Desde el 2012, casi dos millones de catalanes (más de un tercio del censo electoral y cerca de la mitad de los votantes) venían expresando su voluntad de “saltar la pared” y acceder a una Catalunya independiente. Sin embargo, el Gobierno central no había respondido a esa densa humareda con ninguna iniciativa política. Y frente a ese pertinaz inmovilismo, el bloque independentista decidió crear una ventana de oportunidad por la que colar, aunque fuese fugazmente, una consulta vinculante que avalara la “desconexión” con España. El problema era que las elecciones del 2015 no habían resuelto el empate infinito en el que parecía moverse la política catalana, más allá de las mayorías absolutas nacionalistas propiciadas por la ley electoral. Planteados como plebiscitarios, los comicios del 2015 ni siquiera ofrecieron al soberanismo la mitad más uno de los sufragios, aunque sí reeditaron su mayoría en el Parlament.
Dispuestos a pisar el acelerador, JxSí y la CUP aprobaron en julio del 2017 un cambio en el reglamento de la Cámara (a través del artículo 135.2) que permitiera tramitar por la vía rápida las llamadas leyes de desconexión: del Referéndum de autodeterminación, por un lado, y de Transitoriedad jurídica y fundacional de la república, por otro.
Finalmente, y para sortear el freno del Tribunal Constitucional, el bloque soberanista echó mano del artículo 81.3, que permite a la mayoría absoluta de la Cámara cambiar el orden del día y eludir “todos los trámites reglamentarios” exigibles que normalmente debería cumplir cualquier asunto sometido a debate y votación. En la práctica, ese procedimiento hacía posible liquidar en una sola jornada toda la legalidad catalana y sustituirla por una radicalmente distinta, sin contar siquiera con el preceptivo dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
Pleno accidentado
El pleno de Parlament se convirtió así en uno de los más accidentados de su historia. La voluntad de la mayoría independentista de aprobar la ley del Referéndum y el empeño de la oposición por impedirlo trasladó el debate político a una caótica pugna sobre la interpretación del reglaral mento, con una presidenta de la Cámara lívida y desbordada por las protestas de los portavoces de Ciutadans, PSC, Catalunya Sí que es Pot y PP, que la acusaban de abusar de su autoridad y ponerla “al servicio” del bloque soberanista. Sólo la votación de la alteración del orden del día consumió más de tres horas (y más de seis en la de la sesión del día siguiente), que discurrieron en medio de numerosas interrupciones del pleno y reuniones de la Mesa para resolver las objeciones reglamentarias planteadas por los grupos de la oposición.
La portavoz de JxSí, Marta Rovira, justificaba la urgencia porque el Gobierno central “lleva años persiguiendo el derecho de autodeterminación”. Y, además, apelaba “a la soberanía de la Cámara” y a la “libertad de debate de la mayoría política” para plantear cualquier propuesta, al margen de su constitucionalidad. A su vez, los portavoces de la oposición rechazaban debatir una proposición de ley “presentada y publicada hace escasos minutos” y “oculta” hasta aquel momento. Su discurso se centró en denunciar una “mayoría que pisotea derechos básicos y procedimientos inexcusables”. Pero la bancada soberanista rechazó los argumentos de todos los grupos, a los que acusó de “obstruccionismo”. Incluso CSQP, favorable a una consulta acordada, avisó que “la falta de garantías democráticas” en su tramitación “deslegitimaba” el propio referéndum del 1-O y suponía abrir la puerta a un “estado de excepción y desobediencia de la misma legalidad catalana”.
“Éxito” o “autoengaño”
Para el soberanismo, en cambio, todo debía quedar resuelto en cuestión de horas, de forma que la ley pudiera aprobarse –y la convocatoria del referéndum realizarse– antes de que se produjese la actuación del Gobierno español y del Constitucional para suspenderlos. Un auténtico “autoengaño”, a juicio de la oposición, pero un “éxito” para el Govern por poco que fuese el tiempo en que los proyectos aprobados estuviesen en vigor. De nada sirvió la advertencia del secretario gene- y del letrado mayor de la Cámara en el sentido de que el procedimiento podía ser constitutivo de “desobediencia” de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Ni tampoco las objeciones de fondo formuladas públicamente por el Consell de Garanties Estatutàries.El president Puigdemont había pedido “determinación” a sus diputados y estos asumieron el procedimiento como “la única vía posible”, espoleados por la CUP, cuya portavoz, Anna Gabriel, llamó “a la desobediencia institucional”. Claro que, según el CEO, sólo un tercio de los catalanes vivieron con “orgullo” e “ilusión” esas jornadas, mientras que casi un 40% expresaba “rabia” o “vergüenza”. Y más del 60% juzgaba “un error” la estrategia soberanista.
Por fin, 12 horas después de iniciado el pleno, la Cámara aprobó la ley de Referéndum con la presencia de solo 83 diputados en el hemiciclo y 72 votos a favor. Los 11 parlamentarios de CSQP se abstuvieron y los 52 de Cs, PSC y PP se ausentaron. El Parlament continuaba reunido pasada la medianoche –cuando Puigdemont realizó su declaración institucional tras firmar la convocatoria del referéndum–, pero lo maratoniano y accidentado de la sesión no frenó los planes de aprobar al día siguiente y por la misma vía la ley de Transitoriedad (que prefiguraba incluso la futura Constitución catalana y sus órganos de control).
Choque de trenes
La colisión de trenes había adquirido tal velocidad que ni los anuncios de querellas con penas de cárcel por la Fiscalía ni la reclamación millonaria a Artur Mas y varios miembros de su Govern por la consulta del 9-N pudieron frenar el incierto “proceso constituyente” hacia “una república catalana”. Es más, la votación de la ley de Transitoriedad jurídica se celebró tras conocerse que el Constitucional había suspendido la ley del Referéndum y siguiendo el mismo dilatado y accidentado formato del día anterior. Se trataba de generar una legalidad que permitiera disponer 6.000 urnas el 1-O para escuchar la voz de los catalanes. Pero, de nuevo ese día como el 9-N, sólo se oyó la voz de la mitad de los catalanes, en una jornada de fractura social e intervención policial incendiaria que anunciaba lo que ha venido después.