La Vanguardia

El Gobierno retirará el primer recurso contra una ley social catalana

- JUAN CARLOS MERINO

Primer hecho, más allá de las palabras y los gestos de distensión hacia Catalunya por parte del Gobierno de España. Las cerca de dos horas de reunión que ayer celebraron en Madrid la consellera de Presidènci­a de la Generalita­t, Elsa Artadi, y el secretario de Estado de Política Territoria­l, Ignacio Sánchez Amor, se saldaron con un primer acuerdo concreto: la retirada del primero de la decena de recursos de inconstitu­cionalidad que el Ejecutivo de Mariano Rajoy presentó contra leyes de carácter social aprobadas por el Parlament de Catalunya. En concreto, el que vetó el acceso a la sanidad pública de los inmigrante­s en situación irregular.

Tal y como anunció la víspera la ministra de Política Territoria­l, Meritxell Batet, la aprobación en el Congreso del decreto ley del Gobierno que recupera el acceso universal a la sanidad pública, permitiría que la norma catalana impugnada resultara acorde con el marco estatal. Y el pleno del Congreso convalidó ayer –con los votos a favor también de ERC y el PDECat– el citado decreto ley.

“En consecuenc­ia, resulta adecuado proceder al desestimie­nto en el recurso de inconstitu­cionalidad presentado en su momento, y el Gobierno pone en marcha los procedimie­ntos y trámites para formalizar­lo”, informó anoche el Ministerio de Política Territoria­l tras la reunión con Artadi. Fuentes de este departamen­to confirmaro­n a La Vanguardia que el desestimie­nto en el recurso será aprobado por el Consejo de Ministros de la próxima semana.

En la cita de Sánchez Amor y Artadi –que hoy continuará­n desarrolla­ndo sus respectivo­s equipos– se abordó también el catálogo de traspasos pendientes, tras siete años de incomunica­ción, con nuevas materias que la Generalita­t propone incorporar. Ambas partes acordaron empezar a negociarlo­s tras recabar los informes pertinente­s de los departamen­tos sectoriale­s de los dos gobiernos.

El Consejo de Ministros dará luz verde en una semana al desistimie­nto ante el Constituci­onal

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