El juez archiva la investigación sobre la declaraciones de Corinna
Las acusaciones que formuló la examiga del rey Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, contra el propio monarca emérito carecen de credibilidad. Éste es el principal argumento en que se ha basado el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea para archivar las diligencias instruidas en relación con el caso Carol.
Esta investigación se refería a unas grabaciones en las que dicha empresaria manifestaba al excomisario Villarejo que el Rey emérito tenía cuentas en Suiza, había puesto bienes a su nombre, con el supuesto propósito de ocultaros, y había cobrado comisiones.
El magistrado sostiene que nunca hubo denuncia sobre tales presuntos hechos, y que las palabras de Corinna pudieron deberse a la ruptura de su relación con don Juan Carlos. Y añade que, en todo caso, las supuestas actuaciones a las que aludió en su encuentro con Villarejo serían anteriores al año 2014, en el que se produjo la abdicación del hoy rey emérito, quien gozaba de inviolabilidad durante el tiempo de su reinado.
La decisión del magistrado se produjo a las pocas horas de que la Fiscalía Anticorrupción presentara un informe pidiendo el sobreseimiento de dicha pieza, el caso Carol, uno de los abiertos en relación con los presuntos delitos del excomisario Villarejo, por sus negocios paralelos valiéndose de su alto cargo policial.
La Fiscalía precisaba que no existe base suficiente para proseguir en vía judicial con esta ramificación de las actividades de Villarejo, pero no descartaba la presentación de una querella si surgieran nuevos datos. En todo caso, exponía también el argumento de la inviolabilidad de don Juan Carlos en los mencionados términos, lo que prácticamente le da un carácter definitivo al sobreseimiento.
El magistrado razona en su auto que de los hechos que Corinna atribuye al rey emérito sólo existen el relato de esta examiga del monarca y que en los documentos analizados no hay ningún dato que justifique sus manifestaciones. Añade que si Corinna recibió dinero o bienes del monarca pudo haber sido “de mutuo acuerdo en base a su relación de amistad”, y destaca que la amiga del rey emérito vivía en Mónaco, “país con importantes beneficios y exenciones fiscales”.
La conversación de la que partió el caso se produjo en el 2015 en la casa de Corinna en Londres, situación en la que “aquella señora pone de manifiesto unos actos que supuestamente había llevado a cabo don Juan Carlos I, siendo rey de España, aproximadamente entre los años 2009 a 2012”.
Corinna mencionó en la grabación –incautada al socio de Villarejo Rafael Redondo-, la existencia de un terreno en Marruecos a su nombre –atribuyéndolo en realidad al rey–, así como de cuentas en Suiza que habría tenido el emérito y de comisiones que supuestamente percibió por el contrato del AVE en Arabia Saudí adjudicado en 2011 a empresas españolas.
De Egea sostiene que la única base de los hechos que se imputan al rey emérito es el relato que hace Corinna y recuerda que para usar la declaración de un testigo como prueba de cargo ésta debe ser verosímil y existir persistencia en la incriminación.
El juez subraya los datos sobre la titularidad de cuentas del rey emérito que ha aportado al juzgado la Unidad Antifraude de la Agencia Tributaria, que no respaldarían la existencia de delito alguno.
De Egea estima que Corinna relató una serie de hechos porque Villarejo le dijo que acudía como “hombre de Estado al servicio de los intereses generales de España”.
Pero precisa que el director del CNI, Félix Sanz Roldán, negó que el excomisario viajara a Londres bajo el blindaje de la inteligencia española.
El magistrado De Egea considera que las revelaciones grabadas por Villarejo carecen de credibilidad